Migración

El reparto obligatorio de menores, pendiente del visto bueno de Feijóo

Madrid y Canarias cierran el texto legal para distribuir a los niños migrantes entre regiones

Manuel Domínguez traslada a Génova el acuerdo en busca del plácet

Un menor migrante junto a una voluntaria de Cruz Roja, en el muelle de Puerto del Rosario, en Fuertevenura.

Un menor migrante junto a una voluntaria de Cruz Roja, en el muelle de Puerto del Rosario, en Fuertevenura. / EFE

Isabel Durán

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Seis meses de duras negociaciones, reuniones y algunas tensiones, por fin han fructificado en un acuerdo histórico entre el Estado y Canarias que hará obligatorio el reparto entre todas las comunidades autónomas de los niños y adolescentes migrantes llegados de forma irregular sin el respaldo de un adulto a las costas del Archipiélago. Facilitar o no la materialización de ese pacto está ahora en manos del Partido Popular. Manuel Domínguez, líder de esta formación en las Islas y vicepresidente del Gobierno autonómico, participó ayer en el Comité Ejecutivo Nacional del PP y puso sobre la mesa de Alberto Núñez Feijóo el documento planteado en busca de su visto bueno. Los populares canarios se han comprometido a que la modificación tendrá el apoyo del partido en las Cortes, pero antes la cúpula debe dar el plácet al acuerdo. Y no será fácil. En el argumentario a su favor: la emergencia humanitaria que vive en el Archipiélago con 5.600 de estos menores en acogida. 

El escollo principal radica en que las comunidades autónomas gobernadas por el PP temen la falta de financiación para atender a los menores migrantes que tengan que acoger. De hecho, en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada ayer mostraron su malestar por la "unilateralidad" del acuerdo, se quejan de que se les ha dejado de lado en la negociación. Pero además, está Vox. El socio de los populares en la Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla y León, Extremadura y Aragón rechaza tajantemente que el reparto de menores sea obligatorio y así se lo ha hecho saber a Feijóo. El apoyo de Génova es imprescindible, no ya solo para sacar adelante la modificación legal –ya sea como real decreto o como proposición de ley– sino para garantizar su aplicación por las comunidades. 

El Archipiélago no podrá acoger a más de 3.000 niños y adolescentes migrantes solos

El Gobierno central y el regional han conseguido atar los flecos que quedaban pendientes del contenido del texto que modificará el artículo 35 de la ley de extranjería, pero aún queda por determinar la forma legislativa por la que se aprobará la reforma. El Ejecutivo de Fernando Clavijo apuesta por un real decreto ley, mientras que los ministerios implicados abogan por una proposición de ley. La primera vía es más rápida, pues se aplicaría desde su aprobación en el Consejo de Ministros, aunque después tenga que ser convalidada por las Cortes en un plazo de 30 días; y si bien la segunda opción da más garantías legales, requiere buscar el apoyo de los grupos parlamentarios para lograr una mayoría simple en las Cortes Generales.

Luz al final del túnel

"Por fin hemos alcanzado un acuerdo, después de intensas semanas de trabajo por parte de los servicios jurídicos", celebró la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, quien reconoció estar "contenta", porque "ya se ve la luz al final del túnel". La situación que se vive en los centros de acogida de las Islas es "alarmante" y el Ejecutivo no encuentra nuevos espacios para albergar a más menores, por lo que se está valorando la posibilidad de acondicionar colegios en desuso o instalaciones militares. En concreto, ya han solicitado el cuartel de El Fuerte de La Palma, que se utilizó durante la emergencia volcánica como centro de operaciones y refugio para los primeros desplazados, y también otros destacamentos militares en El Hierro y en Lanzarote. "El repunte de junio, con la llegada de unos 250 menores, y las previsiones de futuro indican que tenemos que estar preparados", advirtió Delgado.

El ministro de Política Territorial y presidente de la Comisión Interministerial de Inmigración, Ángel Víctor Torres, anunció el "principio de acuerdo" sobre la modificación legal a través de un mensaje de vídeo. "Una vez conseguidos los apoyos parlamentarios que hagan que esta iniciativa legislativa sea exitosa, tenga posibilidades de ser aprobada, irá a un Consejo de Política Interministerial para tener ya el texto definitivo y se aprobará finalmente", explicó. Pero, ¿qué se añadirá al artículo 35 de la ley de extranjería? ¿Cuándo se empezará a aplicar? 

Colapso. El texto, al que ha tenido acceso La Provincia, del mismo grupo editorial que este diario, contempla que el mecanismo de derivaciones obligatorias se active cuando el sistema de acogida de una comunidad autónoma esté a un 150% de su capacidad. Canarias cuenta con 2.000 plazas, con lo que al llegar a 3.000 menores comenzarían los traslados a otras regiones. En la situación actual, habría que enviar a unos 2.500 niños a la Península.

Entrada en vigor. El Gobierno de España estima que, si se recaban los apoyos suficientes para tramitar la norma como proposición de ley, podría aprobarse a finales de julio. A partir de ese momento, el texto fija un plazo máximo de un año para comenzar con los traslados desde Canarias, Ceuta y Melilla, que son los territorios que actualmente viven una situación de emergencia migratoria. El presidente Clavijo, tras una reunión con Torres en abril, se mostró optimista y afirmó que en septiembre podría empezar a ejecutarse las primeras derivaciones.

Los menores que vayan a ser trasladados no pasarán más de 15 días en las Islas

Condiciones para el reparto. Los criterios que se seguirán para llevar a cabo el reparto serán los ya acordados por las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Infancia en 2022, basados en datos de población, tasa de paro, nivel económico y dispersión territorial. Estas mismas pautas se han empleado desde entonces para reubicar a 774 niños extranjeros procedentes de las Islas y de Ceuta.

Plazos. Una vez puesta en marcha la situación de contingencia migratoria extraordinaria, se trasladaría a los menores en un plazo máximo de 15 días naturales desde su llegada. En este periodo, el niño debe ser escuchado, "dando conocimiento al Ministerio Fiscal en garantía del interés superior del menor".

Financiación. La nueva medida cuenta con una dotación económica de, en principio, 125 millones de euros, que se repartirán entre las comunidades que reciban a los niños y adolescentes migrantes. Si bien la Comisión Interministerial de Inmigración todavía tiene que pactar con el Ministerio de Hacienda cómo financiar la parte proporcional de la atención de aquellos menores que acoja una comunidad cuando la cifra exceda sus capacidades.

Las pruebas óseas para determinar la edad las asumirá la comunidad de acogida del niño

Determinación de edad. Tanto si su minoría de edad es evidente como si están indocumentados y su edad no pudiera ser establecida con seguridad, la región de llegada tendrá que reseñar su entrada en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados en menos de 24 horas. Cuando existan dudas sobre la edad de migrante, las pruebas óseas se practicarán en la comunidad autónoma de destino

Competencias. En la exposición de motivos del texto se recuerda que las competencias en materia de inmigración y extranjería son exclusivas del Estado y que las de protección de menores de edad las ostentan las comunidades autónomas. Sin embargo, apunta que "la actual situación migratoria y la necesaria prevalencia del interés superior del menor, hacen necesaria la adopción de medidas adicionales por parte del Estado". 

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