El Parlament blinda la participación telemática de los diputados pendientes de la amnistía

Vox ha logrado en esta legislatura presidir por primera vez una comisión en el Parlament, pese a los intentos por parte del resto de partidos, salvo PP y Aliança Catalana, de evitarlo. Su estreno, que tuvo lugar el pasado 1 de abril, cuando se celebró la primera sesión de la comisión de peticiones, ya ha obligado a la Mesa a intervenir, después de que la presidenta de la comisión, Mónica Lora (Vox), desconectara la llamada por videoconferencia del parlamentario de Junts, Lluís Puig, que se encuentra en el extranjero pendiente de si se le aplica la ley de amnistía al delito de malversación agravada por su implicación en la celebración del referéndum del 1-O de 2017.

Lora cortó la conexión al finalizar la sesión y alegó que nadie había autorizado la participación por videoconferencia: "Traslado este asunto a los letrados porque esta Mesa no ha autorizado que haya personas conectadas por videoconferencia", afirmó. Aunque fuentes parlamentarias reconocen que no ha habido petición ni queja formal por parte de ningún partido sobre este hecho, el órgano rector ha tomado este martes un acuerdo para blindar la participación telemática de todos los diputados "mientras resten abiertos los procedimientos de la ley de amnistía", es decir, hasta que se resuelva si se les puede aplicar o no la medida de gracia, según explican las mismas fuentes. En esta situación se encuentran actualmente el presidente de Junts y diputado Carles Puigdemont, y el propio Puig.

Reforma del reglamento

El acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de los miembros de la Mesa -PSC, Junts y ERC- y se ampara en la disposición cuarta del reglamento del Parlament, introducida en la última reforma aprobada en verano por PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP. Esta disposición reconoce el derecho a delegar el voto en los casos en que se esté pendiente de aplicar la ley de amnistía.

"La posibilidad de delegación de voto se mantendrá vigente mientras resten procedimientos abiertos sobre cómo se tiene que aplicar la dicha ley en las causas que afectan los diputados, sea al Tribunal Constitucional, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos", recoge el documento. Aunque no se menciona expresamente la participación telemática, la Mesa entiende que las causas que justifican la delegación del voto también avalan la intervención por videoconferencia, dado que los afectados no pueden acudir físicamente al Parlament sin riesgo de ser detenidos.

Una dinámica habitual

Además, el acuerdo recuerda que existen precedentes recientes en otras comisiones, tanto en esta como en la anterior legislatura, que ya permitieron la participación telemática. También existen pactos previos de la Mesa que avalan esta práctica, lo que refuerza la interpretación de que se trata de una dinámica habitual en el funcionamiento parlamentario. El texto destaca, además, que el artículo 33 del reglamento otorga a la Mesa la competencia para "adoptar las decisiones y medidas necesarias para la organización del trabajo parlamentario", relatan fuentes parlamentarias.

El reparto proporcional de las comisiones, ratificado por un acuerdo de la Mesa en setiembre, otorgó al partido de Ignacio Garriga la presidencia de la comisión de peticiones y la de textos normativos, aunque esta última todavía no se ha constituido.