El PP llevará al Consell de Garanties Estatutàries la reforma del Parlament que regula el voto a distancia de Puigdemont y Puig

El PP recurrirá al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) la propuesta de reforma del reglamento del Parlament que la semana pasada acordaron PSC, JuntsERC, los Comuns y la CUP, según ha adelantado Europa Press. La modificación busca garantizar el voto a distancia de Carles Puigdemont y Lluís Puig; que la CUP pueda constituir un grupo parlamentario propio; y que la Cámara pueda emitir declaraciones institucionales sin necesitar de unanimidad y, por lo tanto, sin tener que contar con la extrema derecha.

Lo hará después del 11 de julio, día en que se celebrará el pleno para tramitar la propuesta de modificación por lectura única, es decir, por la vía de urgencia, antes de su aprobación definitiva prevista para el 25 de julio.

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La iniciativa del PP choca, sin embargo, con el calendario propuesto por la Mesa, que ya había previsto, según fuentes parlamentarias, que algunos partidos pudieran recurrir la modificación. La celebración de ambos plenos -el de tramitación por lectura única y de la aprobación definitiva- deja margen suficiente para presentar enmiendas al CGEy que este pueda dar una respuesta antes del 11 de julio.

Se necesitan nueve días hábiles como máximo: justo el tiempo entre plenos. Una vez aprobada la tramitación, el PP tendrá dos días para presentar a la Mesa la solicitud del dictamen que quieren trasladar al Consell con las enmiendas que considera inconstitucionales o antiestatutarias, lo que lo significa que, como máximo, el 15 de julio el órgano recibirá la petición de los populares.

Un dictamen no vinculante

Una vez llegue al órgano, este dispondrá de tres días hábiles para comunicar si lo admite a trámite o no y siete -a contar desde la recepción de la solicitud- para emitir un dictamen. Durante este tiempo y mientras se estudia su legalidad, la reforma queda suspendida. Si transcurridos los siete días hábiles, el CGE no ha emitido dictamen, la reforma se reprende y puede aprobarse en pleno.

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Si el órgano emite un dictamen, lo debe trasladar a la Mesa dentro de este mismo plazo -máximo hasta el 24 de julio-, pese a que esta resolución no tiene un carácter vinculante. Si bien inicialmente el Estatut le otorgaba esta condición obligatoria, el TC le retiró en 2010 la capacidad de emitir dictámenes vinculantes después de que el mismo PP lo recurriera al Alto Tribunal.

Más allá de la petición de este informe, el partido defiende que está dispuesto a impulsar "todas las acciones necesarias para evitar que esta propuesta de modificación del reglamento se lleve a cabo y acabe aprobándose".

Vox propone al PP recurrir juntos

Esta misma semana, Vox ha propuesto al PP recurrir juntos la reforma al Consell por la "posible ilegalidad en la que estarían incurriendo" los partidos con esta modificación. Si bien los populares pueden llevar la reforma al CGE sin necesidad de contar con el apoyo de otra formación -al tener 15 diputados y llegar a ser una décima del pleno-, el partido de ultraderecha sí que necesita un segundo grupo parlamentario para poder llevar a cabo el trámite.

En este sentido, el PP no cierra la puerta "a nadie" y, por tanto, a que otros grupos como Vox puedan adherirse, aunque su intención es liderar la oposición a un reglamento que aseguran que se quiere hacer a la medida de los partidos independentistas.