Igualdad sin trampas

El desafío de la igualdad de género también alcanza a aquellos entornos profesionales que, tradicionalmente, han estado reservados casi exclusivamente a los hombres. Policías y bomberos son cuerpos en los que aún predomina un sesgo masculino. La incorporación de mujeres no es únicamente un modo de acabar con prácticas institucionales discriminatorias, sino también un modo de integrar una visión de género en las políticas de seguridad. Pero romper con las dinámicas enquistadas no siempre es fácil. Desde que, en 2022, el Govern anunció que un mínimo del 40% de las plazas para funcionarios de Bombers de la Generalitat sería para mujeres, el malestar no ha cesado. La disensión ha llegado hasta el extremo de cambiarse de sexo, una vía a la que han recurrido dos bomberos haciendo un posible uso fraudulento de la Ley Trans. 

Un mísero 2% era la representación femenina en el cuerpo de emergencias en 2022. Para aumentar su presencia, se mantuvieron los exámenes teóricos, psicotécnicos y la revisión médica, y se modificaron las pruebas físicas. No se trataba de facilitar el acceso al cuerpo, sino de adaptar las pruebas a las mujeres. Mantener los parámetros masculinos hubiera sido tan discriminatorio como absurdo. Pero la medida no gozó de consenso interno. Para algunos, las pruebas físicas femeninas se habían diseñado para beneficiarlas por delante de los hombres. Otras voces las aplaudían y consideraban que la fuerza no es el único baremo con el que medir la eficacia. La pericia y la capacidad de interaccionar con una parte de la población también son valores a tener en cuenta.  

Aquel 2022 se abrió la puerta a la igualdad, pero quedaba la duda de si la propuesta resultaría atractiva para las mujeres. Los números hablan por sí solos. En abril de 2024, 95 nuevas bomberas empezaron la formación para ser funcionarias. La cifra anual de entrada de mujeres en el cuerpo se multiplicó por nueve. Pero el éxito de la medida no ha logrado acallar las críticas: desde los reproches por las deficiencias en el corte de los uniformes para mujeres y la falta de vestuarios femeninos hasta voces directamente contrarias a las cuotas. En la oposición más frontal cabe situar la reacción de dos bomberos, uno del parque de Badalona (Barcelonès) y otro del de Vic (Osona), que han modificado oficialmente su sexo en los Documentos de Identidad Nacional (DNI) sin alterar su identidad de género en ningún otro aspecto de su vida. Según el entorno de ambos profesionales, uno habría actuado como medida de protesta y el otro, por temor a perder su puesto.  

Ante el desafío, la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos (DGPEIS) ha reaccionado con contundencia, tachando los hechos de “fraudulentos” y reprobables”. La reacción de los Sindicatos ha sido desigual. Comisiones Obreras acusa a la DGPEIS de “abuso de poder” al vulnerar el derecho de las personas a modificar su sexo registral. Desde la Intersindical, se denuncian actitudes transfóbicas y sexistas y reclaman un cuerpo de Bombers comprometido con la diversidad. Al fin, un escenario complejo, de ánimos encendidos y demasiadas reticencias a la feminización del cuerpo.  

Las protestas y los temores (en muchos casos más basados en la desinformación que en el conocimiento) no pueden derivar en ningún caso en un fraude de ley. Hacer un uso torticero de la ley Trans, no solo es impropio de un profesional dedicado al servicio público: es una burla al espíritu de la norma y, aún peor, una humillación a una minoría vulnerable que se enfrenta al estigma y a enormes dificultades para ver reconocida su identidad de género.  

El malestar expresado por parte del cuerpo de bomberos debe ser escuchado, sí, pero no puede convertirse en un argumento para frenar una transformación necesaria. Mucho menos aceptar sabotajes que llegan a retorcer las reglas y a utilizar los derechos tan duramente conquistados para emplearlos como armas con las que mantener el statu quo y retrasar el cambio social. La reserva de plazas para mujeres no es un capricho ideológico, no es un privilegio, es una medida correctiva temporal, una acción imprescindible basada en una realidad incuestionable: el bajísimo porcentaje de mujeres anterior a la norma no era producto de una falta de vocación, sino de unos criterios de acceso que, bajo una apariencia de neutralidad, favorecían sistemáticamente a los hombres. Corregirlos es una cuestión de normalidad, igualdad y proximidad a la ciudadanía a la que sirven.