Marlaska, atrapado entre la policía y Marruecos

Fernando Grande-Marlaska tuvo ayer que preguntar al director general de la Policía qué sabía su propio cuerpo sobre la entrada de más de 70.000 inmigrantes en Ceuta y sobre la responsabilidad de Marruecos. Que el ministro del Interior le pidiera explicaciones tras enterarse por la prensa de un informe elaborado por investigadores integrados en una fuerza de seguridad que es su responsabilidad es algo insólito. Y lo es por mucho que después se ofreciera una explicación formalmente impecable. Según Interior, la jueza María Tardón había prohibido a los investigadores facilitar cualquier información y ningún documento atribuía a las fuerzas de seguridad marroquíes la ejecución de los hechos. Pero esa frase esquiva lo esencial, como se confirmó después cuando trascendió el contenido del informe.

El documento, remitido a la Audiencia Nacional, apunta, a partir de imágenes públicas, a la participación de agentes marroquíes. No sostiene que Marruecos ejecutara la operación, pero sí describe cómo miembros de sus fuerzas de seguridad guiaron a los migrantes hacia la frontera y concluye que la avalancha pretendía colapsarla. Estos indicios son insuficientes para afirmar que Marruecos organizó la operación pero tampoco permiten descartar su participación.

Queda claro así que el Gobierno español se precipitó al afirmar desde el minuto uno que la colaboración de Rabat era ejemplar. Los indicios ahora conocidos ponen en duda aquella rotundidad. El Ejecutivo confundió la necesidad diplomática de preservar una relación delicada con la obligación de conocer qué había ocurrido.

Con todo, las discrepancias entre la Policía, el CNI y el Gobierno constituyen lo más inquietante de este episodio. Pueden producirse, pero resulta inadmisible que cada uno intente imponer públicamente su versión en un asunto de seguridad nacional. La desconfianza institucional puede debilitar a España tanto como la propia crisis migratoria.

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