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Opinión | Ágora
Josep Ramon Bosch

Josep Ramon Bosch

Presidente de 'The Grey'

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La energía también es defensa

Durante años hemos tratado el tema energético como un asunto económico o medioambiental. Ha llegado el momento de entenderlo también como una cuestión de soberanía

Catalunya aún instala renovables a paso lento pero los parques solares de Alcarràs y Pujalt convierten 2026 en el año del "cambio de ciclo"

Las nucleares pierden terrenos frente a las otras renovables

Las nucleares pierden terrenos frente a las otras renovables / depositphotos

La energía es defensa. Puede parecer una afirmación rotunda, pero basta observar lo ocurrido en Europa desde la invasión rusa de Ucrania para comprender hasta qué punto la capacidad de un Estado para garantizar su suministro energético forma parte de su seguridad nacional. Un país que no controla una parte suficiente de la energía que consume es un país vulnerable, porque su industria, sus transportes, sus hospitales, sus comunicaciones y, llegado el caso, sus propias Fuerzas Armadas dependen de decisiones tomadas fuera de sus fronteras. Durante demasiados años hemos tratado la energía como una cuestión económica o medioambiental. Ha llegado el momento de entenderla también como una cuestión de soberanía.

España arrastra una debilidad histórica. Carecemos de grandes reservas de petróleo y gas y seguimos dependiendo en una proporción muy elevada de combustibles importados. En épocas de estabilidad esta dependencia parece una cuestión de precios; en una guerra, un bloqueo marítimo, una crisis diplomática o una ruptura de las cadenas de suministro se convierte en algo mucho más serio. La energía deja entonces de ser una mercancía y pasa a ser un instrumento de poder. Europa aprendió esta lección cuando comprobó hasta qué punto su dependencia del gas ruso condicionaba su margen político frente a Moscú. España, aunque estaba mejor situada gracias a sus plantas de regasificación y a la diversificación de proveedores, tampoco puede considerarse ajena a ese problema.

Pero nuestro país tiene una ventaja que no siempre hemos sabido valorar. No tenemos petróleo, pero tenemos sol y viento en abundancia, capacidad hidráulica, territorio y empresas con tecnología y experiencia internacional. Las energías renovables deben dejar de contemplarse exclusivamente desde el prisma del cambio climático. Cada megavatio producido dentro de España es energía que no necesitamos comprar fuera. Cuando se suman miles de instalaciones, redes adecuadas y capacidad de almacenamiento, el resultado adquiere una dimensión estratégica.

El reciente complejo fotovoltaico de Alcarràs, en Lleida, visitado por el president de la Generalitat, Salvador Illa, es una buena expresión de ese cambio. Con 300 MW ya operativos y una previsión de alcanzar los 400 MW, es el mayor proyecto solar de Catalunya. Su importancia no reside únicamente en el número de placas, sino en lo que representa para una comunidad industrial que lleva años retrasada en el despliegue renovable. Catalunya consume mucha energía y todavía produce poca de origen renovable. Esa contradicción será cada vez más difícil de sostener si queremos mantener industria, atraer inversiones y electrificar una parte creciente de nuestra economía.

Por ello es necesario culminar y aprobar el PLATER, el instrumento que debe ordenar territorialmente el despliegue eólico y fotovoltaico en Catalunya. Es lógico que existan alegaciones y preocupación entre agricultores, propietarios y ayuntamientos. La transición energética ocupa territorio y transforma paisajes, y pretender ignorarlo sería un error. Pero también lo sería convertir cada proyecto en una batalla interminable que termine paralizando cualquier inversión. El PLATER debe establecer reglas, proteger los suelos de mayor valor, repartir los esfuerzos y ofrecer seguridad jurídica. Después de escuchar y corregir todo lo razonable, habrá que decidir. No decidir también tiene un coste, y en materia energética suele pagarse en dependencia.

Ahora bien, cometeríamos un error igualmente grave si identificáramos autonomía energética únicamente con renovables. España necesita una política energética pragmática y no una guerra ideológica entre tecnologías. La solar y la eólica son fundamentales, pero son intermitentes. Cuando no hay sol o no sopla el viento necesitamos generación firme, almacenamiento suficiente o capacidad de importar electricidad. Y hoy todavía no disponemos del almacenamiento necesario para prescindir sin riesgos de otras fuentes.

Aquí aparece la energía nuclear, sobre la que España mantiene un debate sorprendentemente poco estratégico. En 2025 las centrales nucleares produjeron el 19% de la electricidad española y lo hicieron de manera continua, estable y sin emisiones directas de CO₂. En Catalunya su importancia es todavía mayor: el 55,8% de toda la electricidad generada procedió de la nuclear, fundamentalmente de Ascó y Vandellòs. Resulta difícil defender que debemos reducir nuestra dependencia exterior y, al mismo tiempo, renunciar antes de disponer de alternativas suficientes a una de nuestras principales fuentes de generación estable.

No se trata de convertir la nuclear en la solución a todos nuestros problemas ni de frenar las renovables. Se trata de evitar decisiones irreversibles tomadas desde posiciones doctrinales. Mientras España no disponga de almacenamiento suficiente, redes más robustas y alternativas firmes capaces de sustituir esa producción, cerrar las nucleares puede incrementar nuestra dependencia del gas o de las importaciones eléctricas. Sería paradójico clausurar centrales que producen electricidad estable en nuestro territorio para terminar comprando más energía fuera.

Y aquí encontramos otra fragilidad: Francia. España sigue siendo, en buena medida, una isla energética. Nuestra principal puerta eléctrica terrestre hacia el continente pasa por Francia y la capacidad de intercambio es hoy de unos 2.800 MW, insuficiente para una economía de nuestro tamaño. No significa que dependamos cotidianamente de la electricidad francesa; España fue exportadora neta en 2025. La debilidad es estratégica: cuando necesitamos intercambiar grandes cantidades de electricidad con el mercado europeo, nuestra entrada y nuestra salida dependen esencialmente de un solo corredor.

La nueva interconexión submarina por el Golfo de Bizkaia elevará esa capacidad hasta unos 5.000 MW y mejorará mucho la situación, pero no eliminará nuestra vulnerabilidad geográfica. Francia seguirá siendo nuestra gran puerta hacia el sistema eléctrico continental. España debe reforzar esas conexiones, pero al mismo tiempo debe procurar que ninguna conexión exterior llegue a ser imprescindible. La autonomía estratégica no consiste en aislarnos, sino en disponer de alternativas suficientes para conservar nuestra libertad de decisión.

Renovables, nuclear, almacenamiento, redes, interconexiones y protección de infraestructuras críticas forman parte de una misma política. Y aquí la relación con la Defensa es directa. Una base aérea, un puerto militar, un centro de comunicaciones, un hospital o una fábrica de material estratégico necesitan energía incluso cuando el resto del sistema está sometido a una crisis. La resiliencia energética debe incorporarse a la planificación de la Defensa igual que incorporamos munición, comunicaciones seguras, transporte o capacidad industrial.

España necesita abandonar una visión fragmentada de la energía. No podemos discutir las renovables por un lado, la nuclear por otro, las redes como un asunto técnico y la Defensa como si todo lo anterior le fuera ajeno. Las grandes crisis no respetan competencias administrativas. Un apagón, un sabotaje, una guerra o una interrupción del suministro afectan al conjunto del país.

La energía es defensa porque sin energía no hay industria, comunicaciones, movilidad ni capacidad real de resistencia. España tiene una oportunidad histórica para transformar una debilidad tradicional en una ventaja estratégica. Disponemos de recursos renovables excepcionales, centrales nucleares que todavía proporcionan una base estable, empresas competitivas y capacidad tecnológica. Nos falta convertir todo ello en una política coherente de Estado.

Aprobar el PLATER en Catalunya, acelerar las renovables, revisar con pragmatismo el calendario nuclear, aumentar el almacenamiento, proteger las redes y reforzar las conexiones con Europa no son políticas contradictorias. Son piezas de una misma estrategia. La soberanía energética absoluta no existe, pero sí existe la diferencia entre un país excesivamente dependiente y otro capaz de resistir una crisis sin quedar a merced de decisiones ajenas.

Y esa diferencia, en el mundo que viene, también se llama Defensa.