El Rey no es un adversario político

Las declaraciones de Pedro Sánchez, al referirse públicamente a la ausencia de Felipe VI de Ceuta y Melilla y comparar las visitas realizadas por el presidente del Gobierno con las del jefe del Estado, atribuyen al monarca una responsabilidad que no le corresponde, porque sus desplazamientos oficiales no dependen exclusivamente de su voluntad y, en el caso de Ceuta y Melilla, requieren coordinación con el Gobierno por sus implicaciones institucionales y diplomáticas.

Además, no parece que la ausencia del Rey responda a su falta de disposición. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, afirmó después de reunirse con el monarca el pasado 6 de agosto que estaba comprometido con realizar la visita. El Gobierno sostiene ahora que ha llegado el momento de organizarla y que comenzará a trabajar en ello, lo que sitúa la cuestión en el ámbito de la responsabilidad compartida entre ambas instituciones y no en el de una supuesta falta de iniciativa del jefe del Estado.

Presidente del Gobierno y jefe del Estado desempeñan funciones distintas. La Constitución atribuye al Rey funciones constitucionales, pero no responsabilidad política ni capacidad de dirección política autónoma. Sus actos requieren el refrendo de quienes asumen la responsabilidad política derivada de ellos. Por ello, resulta inadecuado comparar la actividad política del presidente con la agenda institucional del monarca, especialmente cuando se trata de un desplazamiento que, por sus características, requiere la intervención del Gobierno.

Esta consideración resulta especialmente pertinente en Ceuta y Melilla. La visita del Rey expresa la soberanía española sobre ambas ciudades y, en el contexto de la reivindicación marroquí, tiene consecuencias diplomáticas, como las tuvo la visita de Juan Carlos I a Ceuta y Melilla en 2007, que provocó la llamada a consultas del embajador marroquí y la suspensión temporal de reuniones bilaterales de alto nivel. Que el Gobierno participe ahora en la organización del viaje confirma que no se trata de una decisión que corresponda únicamente a la Casa del Rey.

No es la primera vez que la relación entre el Gobierno y la Jefatura del Estado queda expuesta a tensiones políticas. La ausencia del Rey en determinados actos, las controversias durante la gestión de la dana de Valencia y otros episodios protocolarios muestran cómo la Corona puede quedar incorporada a la confrontación entre partidos. Estos precedentes aconsejan separar las decisiones del Gobierno de las funciones del jefe del Estado. Esta separación no excluye el debate sobre la Corona. La Monarquía ha sido históricamente discutida en España y el republicanismo forma parte del pluralismo democrático. Cuestionar o defender la institución es legítimo, pero no lo es que el Gobierno convierta al titular de esa institución en parte de una controversia política cuando el Rey no tiene responsabilidades de esa naturaleza.

Si el Ejecutivo considera ahora conveniente la visita de Felipe VI a Ceuta y Melilla, debe facilitarla y asumir las atribuciones que le corresponden. Presentar, sin embargo, la ausencia del Rey como contrapunto a la actuación del presidente resulta improcedente, porque confunde las responsabilidades institucionales y puede erosionar la neutralidad de la Jefatura del Estado y, con ella, la confianza en las instituciones.