Ceuta, entre la incertidumbre y el estallido social

La crisis de Ceuta está dejando de ser una emergencia humanitaria para convertirse en un problema de gestión y convivencia que el Gobierno todavía no ha resuelto. La creación de un mando único bajo la dirección de Ángel Víctor Torres, el refuerzo policial y militar y la aceleración de los retornos dentro de los límites legales son medidas necesarias, pero casi un mes después de la llegada masiva siguen miles de personas en la ciudad y no hay un horizonte claro para resolver su situación. El Gobierno admite que la normalización llevará tiempo y mientras tanto crece la percepción de que el Estado no ha recuperado plenamente el control.

Las consecuencias ya se reflejan en las calles. Las protestas, los enfrentamientos en las playas y los ataques contra asentamientos de migrantes muestran que la tensión afecta a la convivencia. La preocupación ciudadana debe ser atendida y no se debe actuar al margen de la ley pero corresponde al Estado garantizar la seguridad y el orden, gestionar dentro del marco jurídico la situación de quienes permanecen en Ceuta y evitar que la prolongación de la incertidumbre aumente el malestar y propicie nuevos episodios de violencia.

A esta dificultad se suma otra que afecta directamente a la credibilidad del Gobierno como es la falta de una explicación clara sobre cómo pudo producirse la llegada masiva del 30 de julio. Las comparecencias de los ministros no han despejado las dudas y la discrepancia entre Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska sobre la información del CNI resulta especialmente preocupante. Robles sostiene que el 29 de julio se comunicó a la Delegación del Gobierno la convocatoria para acceder a Ceuta a nado, mientras Marlaska afirma que no existía ningún informe que permitiera anticipar lo sucedido. La propia Delegación del Gobierno ha negado haber recibido una alerta sobre una entrada masiva. Puede distinguirse entre advertir de un riesgo y prever su magnitud, pero sigue sin aclararse qué información recibió cada responsable y qué decisiones se adoptaron.

Tampoco está claro el papel de Marruecos. El Gobierno lo define como un «socio leal» y destaca su colaboración posterior para revertir la crisis, pero eso no explica qué ocurrió antes ni por qué no hubo una reacción preventiva suficiente. La prudencia con Rabat puede ser comprensible, pero no debería impedir conocer qué sabía el Ejecutivo y qué contactos mantuvo con las autoridades marroquíes. Las contradicciones entre los responsables políticos y estas cuestiones pendientes alimentan las suspicacias y dificultan establecer una explicación coherente de lo sucedido.

El Gobierno afronta ahora el doble reto de recuperar el control de la situación y restablecer la confianza. Mientras miles de personas sigan en Ceuta sin un horizonte claro y persistan las dudas sobre lo ocurrido antes del 30 de julio, el malestar seguirá creciendo y con él el riesgo de un estallido social. Si el Ejecutivo no ofrece una explicación convincente de lo ocurrido y una solución efectiva a la situación actual, su credibilidad quedará en entredicho y el desgaste puede terminar afectando a la confianza en las propias instituciones y a su capacidad para gestionar crisis de esta magnitud.