Reforzar la lucha contra el narcotráfico

La advertencia de la Audiencia Nacional sobre el riesgo de colapso por el aumento de las causas de tráfico de drogas pone de manifiesto las dificultades de la justicia para afrontar una delincuencia cada vez más compleja. Según la Fiscalía Especial Antidroga, los procedimientos aumentaron un 23,21% en un año y las diligencias previas de los juzgados centrales de instrucción, un 32,14%. Son investigaciones con numerosos implicados, algunos en prisión provisional, y con conexiones entre distintas provincias y países. Además, desde 1996 no se ha creado ningún nuevo órgano de instrucción central, según la propia Audiencia Nacional.

Los casos recientes ilustran la diversidad de métodos utilizados por estas organizaciones y explican en parte la complejidad de su persecución. La investigación relacionada con Sky ECC permitió vincular a una organización con dos cargamentos de más de 2.000 kilos de cocaína introducidos en contenedores de fruta procedentes de Sudamérica y descargados en Bilbao y Algeciras. La utilización de una actividad comercial legal como cobertura obligó a investigar también a las empresas, los intermediarios y los contactos internacionales implicados. En Catalunya, varios paquetes de cocaína encontrados en las playas de Badalona, Tarragona y Sitges apuntan al uso del litoral como vía de transporte, mientras que la detención en El Prat de un pasajero procedente de México con 31 kilos de cocaína muestra el uso de los aeropuertos y del equipaje. En Galicia, la incautación de 1.410 kilos de cocaína en A Pobra do Caramiñal ha puesto de manifiesto la participación de un grupo local en una red internacional vinculada a su distribución en el centro de Europa.

La diversidad de estas operaciones demuestra que las organizaciones utilizan distintos canales para introducir y distribuir la droga. Por eso, las incautaciones y las detenciones son necesarias, pero no bastan. Las investigaciones deben identificar a quienes financian y organizan las operaciones, a las empresas y personas que participan en ellas y el destino de los beneficios. El objetivo debe ser desarticular la estructura que sostiene el tráfico y no limitarse a interceptar los cargamentos.

La Fiscalía también alerta de las consecuencias de esta actividad sobre la seguridad y las instituciones, entre ellas el aumento de la violencia, los ajustes de cuentas, los denominados 'vuelcos' y la corrupción. A ello se suma la dificultad de investigar operaciones desarrolladas en varios países, analizar comunicaciones y documentos, seguir el rastro del dinero y gestionar los bienes intervenidos, siempre con respeto a las garantías procesales.

La situación exige, por tanto, reforzar la capacidad de quienes investigan y juzgan estos delitos. Son necesarios jueces y fiscales especializados, plantillas estables, mejores medios tecnológicos y una mayor coordinación entre Policía, Guardia Civil, Fiscalía, tribunales y organismos internacionales. La dimensión transnacional y la complejidad de estas redes hacen insuficiente una respuesta fragmentada y exigen compartir información y recursos entre los distintos países implicados. La prioridad debe ser garantizar que las investigaciones puedan desarrollarse con rapidez y rigor y permitan identificar a quienes organizan y financian el narcotráfico.