Mejorar la selección del profesorado

Modernizar el sistema de acceso a la escuela pública mediante oposiciones convocadas por las comunidades autónomas es una reforma necesaria y largamente aplazada. Desde el mandato de Isabel Celaá, la revisión del ingreso en la función pública docente ha formado parte de la agenda política, pero no se ha retomado hasta que el Ministerio de Educación ha creado un grupo de trabajo con expertos universitarios y ha presentado un borrador para modificar el real decreto que regula estos procesos.

La propuesta plantea actualizar unos temarios que, en buena parte, no se han revisado desde los años noventa, modificar el formato y la corrección de algunas pruebas, incorporar entre los méritos las competencias adquiridas en investigación, innovación y práctica docente y revisar la fase de prácticas y los mecanismos de tutorización. El problema que pretende abordar es la distancia existente entre la preparación que se acredita en la oposición y las capacidades que requiere el ejercicio cotidiano de la docencia. No basta con dominar una materia si después hay que enseñarla en aulas diversas, evaluar competencias, atender distintas necesidades de aprendizaje y tomar decisiones pedagógicas fundamentadas.

El nuevo planteamiento pretende acercar las pruebas al modelo competencial de la Lomloe y a una realidad educativa en la que la atención a la diversidad, la inclusión, la evaluación, la tutoría y la innovación forman parte del trabajo ordinario. También debe contemplar el uso pedagógico de los recursos digitales y de las tecnologías emergentes, incluida la inteligencia artificial. No para reemplazar el conocimiento disciplinar, sino para comprobar que quienes acceden a la profesión saben utilizarlo en contextos educativos concretos.

El principal obstáculo será alcanzar un acuerdo en un sistema multinivel y políticamente plural, en el que el Estado fija el marco general y las comunidades autónomas convocan y desarrollan las pruebas. Los sindicatos han valorado positivamente que el ministerio haya recuperado una reforma aplazada durante años, aunque han advertido de su complejidad y de que difícilmente estará preparada para el curso 2027-2028. Además persisten diferencias sobre el formato de las pruebas, la valoración de los méritos y, especialmente, la fase de prácticas. El borrador no contempla un MIR educativo, pero sí plantea reforzar la tutorización y hacer de esta fase un instrumento más eficaz para evaluar la aptitud docente y acompañar la incorporación a la profesión.

Ese debería ser, en último término, el criterio para valorar la reforma. No se trata solo de actualizar unas oposiciones, sino de adecuar el acceso a las exigencias de una profesión que ha cambiado y que requiere, junto al conocimiento disciplinar, capacidades pedagógicas para enseñar, evaluar, atender la diversidad y desenvolverse en aulas cada vez más complejas. La selección no puede quedar desvinculada de la formación y de la incorporación a los centros, porque las capacidades que se consideran relevantes para acceder a la profesión deberían guardar una relación clara con las que después se necesitan para ejercerla. La reforma será verdaderamente útil si consigue articular esas etapas y reforzar las prácticas como una fase de acompañamiento, tutorización y evaluación de la capacidad docente.