Una nueva chapuza en vivienda

El Govern de Salvador Illa basó su propuesta a los catalanes en la capacidad administrativa, en lograr que la maquinaria trabaje correctamente. Prometió que las cosas volverían a funcionar de nuevo tras los años, para los socialistas perdidos y deplorables, del 'procés' independentista. Aun así, después de 14 años en la oposición, el PSC regresó al Govern sin una propuesta de transformación real y en positivo de Catalunya. La otra cara de la moneda era la política de “normalización” del país, pasar página de los hechos de 2017. Buscar que los catalanes olvidaran, incluso se arrepintieran, de sus anhelos de autodeterminación y libertad nacional.

El problema de este planteamiento radica en su conservadurismo. El PSC no pone el énfasis en nada alentador, sino en, simplemente, administrar como es debido. ¿Quién se puede ilusionar con un Govern que lo que ofrece es lo que está obligado a hacer, aquello que constituye el mínimo esperable? Cuando alguien basa su proyecto en la administración y poca cosa más, el éxito o el fracaso pasan a depender exclusivamente de la percepción del ciudadano sobre cómo se hace marchar al país. En cuanto al 'procés' y el independentismo, podemos decir que, si se halla en horas bajas, se explica, más allá de Salvador Illa y Pedro Sánchez, sobre todo porque una parte sustancial de aquel movimiento no se ha renovado y no encuentra cómo reconectar con la gente.

A pesar de que gobernar bien puede parecer un objetivo bastante modesto, no parece ni mucho menos que Illa y los socialistas lo estén alcanzando. Han sido muchas las veces en que han decepcionado. Se constata, entre otras, en las políticas de vivienda, de enseñanza, Rodalies y los servicios sociales -caso DGAIA-, además de la política lingüística, con una conselleria poco más que decorativa. Pero fijémonos, para no acometer un balance global de estos dos años de gobierno, en tres ejemplos de las últimas semanas: hemos tenido el desastre absoluto del Govern en la organización de las pruebas PISA -resultado: Catalunya ha sido excluida-; el colapso ferroviario a raíz del eclipse -pese a que crearon una comisión interdepartamental para garantizar que nada fallara-, y, también, la chapuza monumental de la ley catalana contra la “compra especulativa de viviendas” -inversión- impulsada por socialistas, Comuns y ERC.

Este último caso resulta quizás el más relevante. El varapalo a la propuesta llegó a principios de este mes desde el Consell de Garanties Estatutàries -la más alta instancia jurídico-consultiva de la Generalitat. Los miembros de este consejo los elige el Parlament y, otra parte, directamente el Govern. Por unanimidad, los expertos rechazaron la ley por colisionar con cinco artículos de la Constitución, dos del Estatut y dos más del Reglamento del Parlament. Su informe estableció que la propuesta lesionaba, entre otros, los derechos de propiedad y herencia. El Consell reprochó también que se utilizara el procedimiento de lectura única -es decir, que se buscara el atajo- para impulsar un cambio de esta naturaleza.

El PSC pone el énfasis simplemente en administrar como es debido, pero ¿quién se puede ilusionar con un Govern que lo que ofrece es lo que está obligado a hacer, aquello que constituye el mínimo esperable?

En definitiva, quedó perfectamente establecido que la propuesta se había pergeñado rápido y mal. Muy mal. Además, el bloque gubernamental no escuchó ni a los ayuntamientos -que serían los encargados de aplicar la norma-, ni a los constructores ni a los propietarios. Se planeó la reforma legislativa desde los despachos, concretamente los de los Comuns, siempre con el acompañamiento del Sindicat de Llogateres, una entidad que funciona gracias al dinero público que recibe. De hecho, el ideologismo de los Comuns y sus satélites es el principal culpable de que Catalunya y Barcelona se hayan convertido en un demencial laboratorio en cuanto a las políticas de vivienda.

Que el PSC y ERC se lo permitan y les flanqueen y avalen, y considerando que la vivienda supone el gran problema social del país, constituye una irresponsabilidad difícilmente calificable. Iniciativas como la ley contra la “compra especulativa”, que, en lugar de partir del análisis de la realidad, se obstinan en culpabilizar y poner trabas a los propietarios, no hacen más que desanimar y frenar la oferta. Este torpe enfoque, que relega a un segundo plano la activación de la construcción y comercialización de viviendas, en especial de alquiler, provoca que el déficit de pisos aumente cada año, perjudicando gravemente a los sectores más débiles de la sociedad. Paradójica y penosamente, aquellos a quien las izquierdas juran defender.

Suscríbete para seguir leyendo