Viviendas sobreocupadas

EL PERIÓDICO inicia hoy una serie de informaciones en las que profundizará en los datos de los padrones municipales de los principales municios de Catalunya para extraer de ellos indicadores y lecciones sobre la crisis de la vivienda. En la primera de ellas ponemos el foco en una de las consecuencias de la creciente dificultad de acceso para las personas con menores ingresos: el número de domicilios en los que están empadronadas más de diez personas, cifras que, salvo casos excepcionales, no responden a las fórmulas de vivienda compartida de calidad para población flotante. Más bien a condiciones de infravivienda como única alternativa a la incapacidad para afrontar un alquiler residencial digno a precios de mercado o para lograr un recurso público, sean viviendas sociales o en los casos de mayor precariedad, albergues.

Entre los municipios que han respondido (no todos lo han hecho) a la petición de información pública requerida desde este diario, son evidentemente las dos ciudades más pobladas de Catalunya las que tienen computados más domicilios con más de 10 residentes empadronados. En Barcelona han pasado, de 2021 a 2025, de 1.279 pisos a 2.328; en L’Hospitalet, de 205 a 667, especialmente en los barrios más densificados del Samontà. Santa Coloma, con 312, es el municipio con una mayor proporción de viviendas sobreocupadas según el padrón, y Mollet del Vallès, en la que mayor ha sido el incremento durante este proceso. Barcelona es el kilómetro cero de la crisis de acceso a la vivienda, pero sus consecuencias se extienden cada vez más a toda la región metropolitana.

Tan grave como las dimensiones del fenómeno es que quienes se ven impelidos a vivir en pisos sobreocupados cada vez lo hacen más como una solución sin alternativa a la vista, no solo como recurso provisional durante los primeros tiempos de su llegada a nuestras ciudades. Estamos ante la cronificación, por lo tanto, de estas condiciones residenciales.

Las cifras que analizamos corresponden a personas que han declarado estar empadronadas en un domicilio determinado. No recogen, pues, aquellas que constan como empadronadas sin domicilio fijo, un derecho que da puerta al acceso a la sanidad, la educación, los servicios sociales o los requisitos para entrar en el proceso de regularización, al que se han acogido en Barcelona (la ciudad que menos obstáculos pone) casi 50.000 personas sin techo, ocupantes o realquiladas de forma irregular, y que no siempre viven realmente en la capital. Pero este fenómeno del empadronamiento ficticio no está desconectado del que hoy analizamos: es difícil calcular cuántos de estos empadronados en pisos sobreocupados vivien realmente en ellos, o son residentes virtuales, ante la negativa o imposibilidad de registrarse donde realmente viven… lugares que a su vez podrían ser otras viviendas efectivamente sobreocupadas.

La transparencia en estos datos y la disponibilidad de los ayuntamientos a hacer efectivo el derecho al padrón a quien reside realmente en su territorio es imprescindible tanto para hacer efectivos los derechos que dependen de esta obligación legal como para tener una imagen real del problema de la vivienda. Una imagen que ya es preocupante y que recuerda lo imperativo de poner soluciones que dinamicen, en lugar de bloquear, el mercado residencial, y que aceleren la oferta de alquiler asequible y la creación de recursos de emergencia para los casos en los que está en juego la imposibilidad de hacer realidad un derecho básico como la una vivienda digna.

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