ZBE a doble velocidad

La implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) ha avanzado en los últimos años entre dudas y titubeos, desde la aprobación en 2021 de la ley que las hacía obligatorias en las ciudades de más de 50.000 habitantes, y en las de más de 20.000 que sobrepasaran los índices de partículas en el aire. España ha acumulado retrasos, en el despliegue de la normativa general y en su aplicación municipio a municipio, pese a las presiones de la Unión Europea por cumplir con los estándares de calidad atmosférica en las zonas urbanas, que han llegado al extremo de acabar con condenas de la justicia europea por la falta de medidas ante la contaminación en Madrid y Barcelona.

Los ayuntamientos, compelidos a aprobar sus propias ZBE y las ordenanzas que las regulan, se han movido entre la necesidad de acatar el imperativo legal y la convicción de que es necesario abordar un problema ambiental con graves consecuencias sanitarias, por un lado, y las resistencias a aplicar una medida que suscita un fuerte rechazo por parte de sus vecinos. Esta preocupación es comprensible especialmente en municipios de la segunda corona metropolitana de Barcelona con una población con renta más baja, con un parque automovilístico envejecido y cuyos propietarios encaran mayores dificultades para invertir en su renovación y, a la vez, con una mayor dependencia del transporte privado y una red de transporte público con más insuficiencias que en los centros urbanos compactos.

El retraso en la aprobación de ordenanzas, condicionado también por la inseguridad jurídica que causó la necesidad de ajustar la ZBE pionera de Barcelona a diversos reveses judiciales, dio paso a partir del 1 de enero de esto año a la entrada en vigor (con un paréntesis de cuatro meses por la crisis de Rodalies) de normas locales que en algunos casos convierten en indefinidas, o prolongan al menos hasta 2029, las exenciones del cumplimiento de la ZBE a los residentes en las mismas zonas donde se restringe el tráfico a los vehículos más contaminantes.

Las cifras de multas son un indicio también de una relajación sancionadora que retrasa su efectividad real. En la práctica nos encontramos con una doble velocidad en aplicación de las normativas ambientales, más exigente en el núcleo central de la AMB y más laxa en la segunda corona. Una moratoria implícita que alivia a los alcaldes de la presión de hacer coincidir una decisión incómoda con el calendario de las próximas elecciones municipales, pero que también responde a una realidad que fuerza a un proceso de transición más escalonado.

La prohibición de circular por las zonas definidas como ZBE no es arbitraria. La mala calidad del aire tiene una relación directa con el incremento de las enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Y mientras los análisis de los resultados de las restricciones no digan lo contrario (y de ser así sería el momento de reevaluar sin prejuicios dogmáticos qué estrategias resultan más efectivas), la restricción del tráfico de los vehículos más contaminantes aparece como una necesidad insoslayable.

Pero como en cada uno de los aspectos de la transición energética que estamos encarando, hay costes, y hay quien tiene más difícil hacer frente a ellos y debe encontrar alternativas y excepciones. Pero de forma transparente, justificada y bien informada, sin que la multiplicación de contradicciones entre la norma aprobada y su aplicación práctica acaben fomentando una confusión que la desvirtúe y lleve a cuestionarla.

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