El papel lo aguanta todo

El reciente correctivo infligido, por unanimidad, por el Consell de Garanties Estatutàries a la propuesta de la ley catalana contra la compra de viviendas especulativas pone sobre la mesa, de nuevo, la cuestión de hasta dónde puede llegar el legislador en contra de los informes de los órganos consultivos no vinculantes. Si en lugar de hablar de la promulgación de una ley estuviéramos haciéndolo de la compra de un coche es evidente que, con un informe similar, el comprador desistiría y no haría el más mínimo intento de aprovecharlo por barato que fuese.

En cambio, en política todo es posible. El 'sostenella y no enmendalla' es casi un lema y no siempre se actúa con lógica jurídica. Pero la pregunta es: ¿hay que llegar tan lejos? ¿No es suficiente que el órgano consultivo principal en cada institución, Estado o Comunidad Autónoma, es decir, Consejo de Estado o Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, sean tan inequívocos? ¿No habría que acatar la opinión de órganos creados con una importante garantía de independencia y solvencia jurídica, calificativos que no necesariamente tienen los informes de parte en los que se basan las propuestas legislativas?

¿Qué ocurrirá en Catalunya con esta norma? Nuestras instituciones tienen una buena oportunidad para demostrar a la ciudadanía que la racionalidad jurídica y la normalidad puede imponerse a la tentación política. No es una cuestión de retoques, es un problema de bases normativas esenciales que no pueden ni deben ser vulneradas tal y como se desprende de ese informe emitido, repito, por unanimidad de sus miembros, dato muy importante.

Estas preguntas nos llevan de nuevo a un tema no menor, la trazabilidad de las normas, el origen de las propuestas y su recorrido. En el caso de la ley catalana que comentamos el proceso ha sido bastante transparente y nos permite realizar una valoración mucho más precisa de la cuestión: saber quién proponía, quién informó, quién redactó, qué se modificó es una gran ventaja para medir responsabilidades políticas. Quizá ha sido lo más positivo de esta desafortunada propuesta.

Para evitar estas situaciones se pueden plantear tres propuestas para los programas de los partidos políticos: declarar la decisión (no impuesta legalmente) de acatar los informes de los órganos consultivos, al menos los que vengan con el sello de la unanimidad. Promover la inclusión en las memorias de los proyectos y proposiciones de ley su trazabilidad. Y una última que, aunque parezca que no tiene nada que ver con lo anterior, parece importante para facilitar normas racionales: cualquier pacto de investidura debería implicar necesariamente el apoyo, al menos, a los primeros presupuestos del nuevo Gobierno.

Catalina II de Rusia dijo a su consejero Diderot ante sus propuestas reformistas: "El papel lo aguanta todo: es obediente y flexible y no pone obstáculos ni a la imaginación ni a la pluma". En cambio, la realidad nos demuestra cada día que las políticas de vivienda no pueden aguantar tanto. La solución es construir, no limitar.

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