La formación profesional, una estrategia de país

La Formación Profesional (FP) se ha convertido en un vector clave de competitividad para cualquier economía avanzada, y Catalunya y España no son una excepción. En un contexto de acelerada transformación tecnológica, la mayor parte de los puestos de trabajo requieren calificaciones intermedias, a menudo no universitarias, pero altamente especializadas. La solidez de un sistema productivo depende en gran medida de la capacidad de generar este tipo de talento: técnicos calificados, operarios avanzados y perfiles híbridos que conectan conocimiento y aplicación práctica.

Las experiencias internacionales lo confirman con claridad. Alemania ha consolidado un modelo dual que integra empresa y formación con excelentes resultados en empleo y productividad. El País Vasco ha desarrollado un ecosistema de FP fuertemente alineado con su política industrial, convirtiéndose en un referente en especialización y transferencia tecnológica. Estos modelos no solo dignifican a la FP, sino que la sitúan en el centro de la estrategia económica.

La literatura económica también refuerza esa visión. Enrico Moretti, en 'The New Geography of Jobs', señala que en la economía americana, por cada puesto de trabajo 'high tech' se generan hasta cinco puestos de trabajo de apoyo con calificación intermedia. En el caso español, las experiencias prácticas sobre diferentes ecosistemas innovadores de ciudades nos recomiendan realizar una estimación más conservadora, que situaría esta relación en aproximadamente dos lugares de nivel medio por cada puesto de alta calificación.

Esto evidencia que el crecimiento basado en la innovación y los sectores de alto contenido tecnológico y de conocimiento, no puede sostenerse sin una sólida base de profesionales formados en FP.

Y cuando observamos los datos del capital humano español y catalán para la población de 25 a 64 años vemos que no tienen un déficit de capital humano en su conjunto, sino una mala distribución. Según estudios realizados, entre otros, por Oriol Homs, aproximadamente tenemos unos 9-10 puntos más de titulados superiores que la media europea, 10 puntos más de personas con baja calificación y, sobre todo, unos 20 puntos menos de personas con calificaciones intermedias. Sería un gráfico en forma de reloj de arena y este 'agujero' del sector medio explica muchas dificultades del mercado laboral y también el problema crónico de la baja productividad.

Pero más allá de la productividad, la FP es también un instrumento de equilibrio social. Sin una oferta robusta y prestigiada, el riesgo es una dualización del mercado laboral: por un lado, perfiles con titulaciones universitarias diversas, pero poco adaptados a los requerimientos del mercado laboral; por otro, ocupaciones precarias y poco calificadas. Una FP sólida como la dibujada por la ley orgánica 3/2022 de ordenación e integración de la FP, plenamente aplicada, permitiría construir itinerarios profesionales adaptados a las necesidades del sistema productivo mediante la plena implantación de la Formación Dual, mejorar la movilidad social y reducir desigualdades. Activarla no solo es una opción económica, sino una necesidad social y una obligación legal urgente.

Ahora bien, para que la FP dual funcione realmente, es necesario integrarla dentro de una política industrial coherente, donde las empresas asuman un papel activo y estratégico. Esto implica incentivos, coordinación sectorial, alineamiento entre sectores prioritarios y ciclos formativos y una visión de largo plazo que conecte necesidades productivas con oferta formativa con un incremento de la demanda de formación profesional. Sin ese encaje, el modelo corre el riesgo de quedarse en una etiqueta más que en una transformación efectiva.

Esta rama educativa ha sido reivindicada a menudo nominalmente pero no siempre priorizada en las políticas públicas de las administraciones competentes

En este sentido, proyectos en marcha en algunas ciudades apuntan hacia una dirección relevante. Estas iniciativas combinan la transformación de espacios urbanos -el continente- con la promoción de la economía del conocimiento -el contenido-, e incorporan una dimensión social donde la FP debe representar un pilar central. Integrar centros de formación, empresas y nuevos sectores productivos en un mismo ecosistema puede generar sinergias que multipliquen su impacto económico y social.

El reto, por tanto, es pasar del discurso y la ley a la acción. La FP ha sido reivindicada a menudo nominalmente pero no siempre priorizada en las políticas públicas de las administraciones competentes, con recursos, planificación y proyectos concretos que la conecten con el tejido productivo. Solo así podrá construirse un modelo económico competitivo, dándole a la FP el papel que merece como una apuesta estratégica de país y un verdadero motor de futuro.