Guardar las llaves de la caja

El fallecimiento de Josep Vilarasau (Barcelona, 1931-2026) ha servido para recordar la convivencia que históricamente ha habido entre el poder financiero y los gobiernos. Unos luchaban por mantener la independencia; otros, del color político que fueran, intentaban siempre controlar e intervenir. Entre finales de los años 80 y 90, la España empresarial sufrió una profunda transformación. Las corporaciones industriales controladas por la banca bajo la supervisión atenta del poder político iban pasando a mejor vida en medio de las crisis, quiebras y fusiones. Paralelamente, primero el Gobierno de Felipe González (PSOE) y, posteriormente, de José María Aznar (PP), iniciaron y ampliaron la venta al público de las empresas estatales con las salidas a Bolsa. Al frente de estas empresas, sin embargo, se mantuvo un férreo control a través de los consejos de administración, situándose como presidentes a amigos de pupitre del colegio, expolíticos y altos directivos con quienes se compartieron favores del pasado y afinidades ideológicas. Durante la transición entre siglos, Telefónica, Repsol y Endesa fueron los tres grandes ejemplos de aquella transformación.

En medio de aquellos movimientos fue levantando cabeza, con poco ruido, ‘la Caixa forta’, como así la bautizó una portada de la revista ‘Actualidad Económica’ tras la fusión de Caixa de Pensions y Caixa de Barcelona, en julio de 1990. Desde entonces, la caja catalana, presidida por Vilarasau, nadando a contracorriente del sector financiero que iba desinvirtiendo sus carteras, empezaba a crear y hacer crecer sus propias participaciones industriales, enfocada a los servicios públicos y siempre con el paraguas de la fundación. Vilarasau demostró su maestría en un tablero de ajedrez, donde tuvo que combinar el papel de Caixa como accionista en empresas de referencia y mantener la autonomía de la entidad frente a los deseos de controlar la institución por parte de los poderes públicos, ya sea Estado central o Generalitat.

La habilidad para mantener esta conllevancia con los poderes públicos ha sido una de las raíces de la pervivencia de la fórmula Caixa impulsada por Vilarasau y sus sucesores, Ricardo Fornesa, y su alumno más aventajado, Isidro Fainé. Una capacidad que permitió a Caixa superar crisis políticas, la OPA fallida de Gas Natural -el acorazado industrial del grupo, hoy Naturgy- sobre Endesa y la crisis financiera iniciada en septiembre de 2008, que acabó con el sistema financiero español tal como lo conocíamos. Caixa salió más reforzada y fue una de las ganadoras del terremoto. Un cambio que incluyó un reordenamiento de la estructura societaria: la Fundación pasaba a ser el eje sobre el que se moverían todas las participaciones del grupo a través de un instrumento bautizado como Criteria, convertido en el primer fondo inversor privado de España, y accionista de Caixabank, donde controla el 31%. La compra de Bankia por parte de Caixabank situó al Estado como segundo accionista del banco, con un 18,1%. No solo en Caixabank, también en Telefónica siguen convergiendo los intereses de Estado y grupo Caixa. En la compañía de telecomunicaciones, Criteria tiene el 9,99% y el Estado el 10%. El presidente de Telefónica, Marc Murtra, es patrono de la Fundación Caixa.

El complejo mapa geopolítico ha acelerado el nivel de intervencionismo y dirigismo de las administraciones en el sector privado. Desde Washington y Bruselas hasta los entes locales

Influir en las decisiones inversoras de Caixa ha sido siempre una de las ambiciones de los gobiernos españoles. Seguirá siéndolo, independientemente de quien esté en Moncloa. El nombramiento como consejero delegado de Criteria de Ángel Simón, en febrero de 2024, terminó abruptamente en abril de 2025, con su cese. Simón quería estrechar los lazos con Moncloa, que instaba a Caixa a participar en operaciones empresariales más arriesgadas y poco afines a su estrategia. Hoy, Simón es presidente de Indra, participada en un 27,99% por el Estado.

El complejo mapa geopolítico ha acelerado el nivel de intervencionismo y dirigismo de las administraciones en el sector privado. Desde Washington y Bruselas hasta los entes locales. Un proceso iniciado por la pandemia. Solo las participaciones del Estado en las siete empresas de las que tiene acciones en el Ibex 35 están valoradas en 44.000 millones de euros. La exuberancia bursátil de estos últimos dos años ha enriquecido el valor de los activos del Estado. En medio de este escenario, el papel que puedan seguir desempeñando grupos como Caixa y la defensa de su independencia inversora es fundamental. Es la herencia que ha dejado Vilarasau y que Fainé ha acorazado: las llaves de la caja no se tocan.

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