Un Gobierno desnortado

El curso político termina con un Gobierno en una situación parlamentaria más débil que hace un año. Pedro Sánchez llega al verano en plena ola de incendios forestales y reclamando un pacto de Estado frente a la emergencia climática, pero el cierre del curso queda marcado por la condena de José Luis Ábalos, las investigaciones judiciales que afectan a José Luis Rodríguez Zapatero, Santos Cerdán, Leire Díez, y otras condenas y procedimientos abiertos relacionados con personas de su entorno personal. La acumulación de estos casos tiene un coste político porque erosiona el discurso de regeneración institucional con el que el PSOE justificó la moción de censura de 2018.

El Gobierno continúa apoyando su continuidad en la evolución de la economía. El crecimiento, el empleo y el aumento del gasto social son los principales argumentos con los que defiende la finalización de la legislatura. Sin embargo, la estabilidad económica no ha evitado el deterioro de la posición política del Ejecutivo ni ha resuelto la fragilidad de la mayoría que sostiene al Gobierno.

El balance legislativo refleja esa situación. El PSOE reivindica la aprobación de 74 normas con rango de ley, aunque más de la mitad son reales decretos ley. El uso continuado de un instrumento previsto para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad se ha convertido en la fórmula habitual para aprobar iniciativas ante la dificultad de reunir apoyos suficientes en el Congreso. Desde enero se han aprobado veinte decretos, una cifra solo comparable a la registrada durante la crisis financiera y la pandemia. Al mismo tiempo, el Congreso ha rechazado cinco de ellos, un hecho inédito que refleja la dificultad del Ejecutivo para asegurarse una mayoría parlamentaria, incluso entre sus socios habituales.

Las limitaciones también afectan a sus principales iniciativas. El Gobierno no ha conseguido aprobar la senda de estabilidad presupuestaria ni los Presupuestos Generales del Estado. A partir de septiembre anuncia que presentará las cuentas públicas, impulsará la reforma de la financiación autonómica, continuará la tramitación de la condonación parcial de la deuda y sacará adelante nuevas medidas sobre vivienda y contra la corrupción. Todas esas iniciativas dependerán de una mayoría parlamentaria que hoy no está garantizada.

El Gobierno encara así el último tramo de la legislatura con dos limitaciones que se retroalimentan. Por un lado, la mayoría que hizo posible la investidura ya no garantiza la aprobación de los principales proyectos del Ejecutivo y obliga a negociaciones constantes que, cada vez con mayor frecuencia, no prosperan. Por otro, las condenas ya conocidas y las investigaciones judiciales que afectan a personas de su entorno erosionan la credibilidad del discurso de regeneración institucional con el que Sánchez llegó al poder. La combinación de ambas no determina por sí misma el final de la legislatura ni impide al Gobierno aspirar a agotarla, pero sí reduce su margen de actuación, dificulta la aprobación de su agenda legislativa, condiciona la credibilidad con la que afronta el último tramo del mandato y limita sus posibilidades de optar a la reelección. Y alienta una polarización que da alas al populismo de extrema derecha.