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Opinión | Décima avenida
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La banalización (política) de los incendios

Los actores políticos llegan al verano con el discurso preparado antes de que arda el primer árbol: la oposición ya sabe que dirá que el operativo es un desastre; el Gobierno, que la coordinación ha funcionado

El incendio de Madrid y Ávila da una tregua al sexto día: los equipos de extinción contienen el avance y más de 45.000 personas pueden volver a sus casas

Leonard Beard

Leonard Beard / 5

Ya es parte consustancial del menú informativo veraniego: familias que abandonan con lo puesto sus casas en enclaves rurales, polideportivos convertidos en refugios temporales, alcaldes abrumados, el regreso entre lágrimas a hogares calcinados… Una evacuación ya no es excepcional. Ahora, cada verano, miles de personas se ven forzadas a abandonar temporalmente sus hogares a causa de los incendios. Según datos de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, entre 2022 y 2025, 278 incendios forzaron la evacuación de 97.252 personas. Este 2026, con el fuego en la Comunidad de Madrid, se amenaza con pulverizar estas cifras.

Siempre ha habido incendios, dicen con impostada frialdad quienes niegan (incluso ahora) el impacto del cambio climático. Hay un momento, difícil de identificar, en el que la ciudadanía deja de considerar extraordinario un fenómeno. Sucede cuando se modifican los comportamientos, cuando se da por hecho que ese fenómeno va a producirse. La excepcionalidad desaparece cuando cambian los hábitos.

Ese cambio con los incendios ya se percibe. Por ejemplo, su impacto en términos de conmoción y de conversación social es menor. Es la noticia del verano con la que ya se cuenta. Mientras una provincia combate un frente activo, otra inicia evacuaciones y una tercera afronta nuevos focos. Se reparten los recursos de emergencia y también la atención pública. Los incendios no son una anomalía, sino un elemento estructural del verano español. Ya forman parte del paisaje conversacional.

La conversación política se adapta a esta nueva normalidad. Un gran incendio pone en funcionamiento una maquinaria compleja: Protección Civil, bomberos forestales, Guardia Civil, policías autonómicas, UME, servicios sanitarios, ayuntamientos, comunidades autónomas, Dirección General de Tráfico, compañías eléctricas, empresas de telecomunicaciones… El fuego es una prueba de estrés del funcionamiento del Estado y de la sociedad civil en todos sus niveles. La medida del éxito no es cuántas hectáreas se queman, sino cómo responden las instituciones y la propia comunidad. Espóiler: si hemos de creer el discurso político, España suspende sin paliativos.

El impacto de los incendios en términos de conmoción y de conversación social es menor. Es la noticia del verano con la que todo el mundo cuenta

Lo cierto es que en la gestión de un incendio hay decenas de héroes invisibles. Los bomberos, por supuesto. Y los voluntarios. Pero también quien organiza una evacuación. Quien interpreta los mapas de viento. Quien corta carreteras. Quien garantiza el suministro eléctrico. Quien coordina los albergues. Quien combate los bulos en las redes. Coordinar todo ello es extraordinariamente difícil.

Este trabajo se pone bajo la lupa de un discurso partidista irresponsable, que trata una emergencia como un chascarrillo, busca errores y crea problemas para magnificar aquello que nadie pudo o supo hacer mejor. La excepción exige explicación. Lo rutinario, en cambio, se interpreta mediante plantillas previamente construidas, ideas preconcebidas y estrategias de comunicación ya diseñadas con fines electoralistas. Los actores políticos llegan con el discurso preparado antes de que arda el primer árbol. La oposición ya sabe que dirá que el operativo es un desastre; el Gobierno ya sabe que dirá que la coordinación ha funcionado; las redes ya saben que convertirán cada decisión en una prueba de incompetencia.

La normalización convierte el incendio en un guion repetido y la conversación se banaliza. Si hemos de creer el discurso partidista, todas las administraciones, da igual su color político, son irresponsables e incompetentes. Y no es cierto. La acción de gobierno debe ser fiscalizada, por supuesto, sobre todo cuando hay vidas en juego, pero hay una diferencia entre exigir responsabilidades y erosionar la confianza en las instituciones que toman decisiones extremadamente complejas bajo una enorme presión. Hay un tiempo para la emergencia y otro para rendir cuentas con toda firmeza sobre hechos y no apriorismos.

Nada indica que la cantidad y la virulencia de los incendios vayan a descender en los próximos años. Lo estructural no es lo mismo que lo inevitable. Ser conscientes de que un fenómeno se repetirá no implica que no haya que exigir que se reduzcan sus causas (prevención forestal, ordenación del territorio, gestión del combustible, modelo de ocupación del espacio rural, por citar solo algunos ejemplos). Sin embargo, la banalización política de los incendios traslada el debate al momento de la emergencia, que es donde el partidismo cree que puede obtener rédito político: nadie llena las urnas gracias al incendio que no sucedió porque se supo prevenir. Electoralmente, es más rentable el fuego que arde. Social y políticamente, el riesgo es que el humo electoral nos impida ver el fuego que arrasa nuestra conversación pública.

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