La vivienda social en España: Ítaca existe

Ahora que vuelve a estar de moda la mitología griega, digamos que el talón de Aquiles de nuestra política pública de vivienda es la vivienda social. O la ausencia de ella. La última estimación de viviendas sociales en España nos sitúa en un exiguo 2,2% del total de viviendas. Si relativizamos las viviendas sociales por cada 100 habitantes, la cifra es de solo un 1,3. En Europa destacan los Países Bajos y Austria como los referentes indiscutibles del continente, registrando tasas excepcionales de 11,5 y 9,8 viviendas de alquiler social por cada 100 habitantes, respectivamente. Un valor unas 9 veces superior al nuestro. En una posición intermedia-alta se sitúan Francia (7,0) y Suecia (6,1). Nuestras 1,3 viviendas sociales por cada 100 habitantes se consolidan en el vagón de cola europeo, compartiendo espacio con realidades deficitarias como las de Hungría (1,2), Bulgaria (1,0) o Portugal (0,8). Si se fijan, solo superamos a los países del Este de Europa, Malta, Chipre, Grecia y Portugal (muchos de los cuales no tienen este modelo de vivienda). Nuestro 1,3 apenas llega a representar el 40% de la media de la UE (¡que cuenta estos países!). Lo peor es que tuvimos ese parque, pero lo perdimos. El fracaso es que, en España, solo entre 1981 y 2019, se construyeron 2,36 millones de viviendas de protección oficial. Según los datos del Colegio de Arquitectos y del Ministerio de Fomento, desde 1950 esta cifra ha sido superior a los siete millones, en algunas de sus diferentes modalidades. Esto significa que un 26,6% del parque se ha erigido con apoyo público. Si estos inmuebles los conservara el sector público, no tendríamos hoy escasez de alquiler social. Es lo que hay cuando pudimos fácilmente invertir lo hicimos mal y luego dejamos de hacerlo.

La razón fundamental se explica por la históricamente baja inversión estatal en vivienda en alquiler, pero también por la falta de empresas del llamado tercer sector que las posea y las gestione a largo plazo. Si es complicado hacer vivienda pública, lo es más gestionarla. En España existen fundaciones, asociaciones, cooperativas o entidades del tercer sector que trabajan con vivienda, pero no una figura específica equivalente a las 'housing associations' europeas. Las empresas que se dedican piden facilitar financiación de infraestructuras. Los fondos de infraestructuras sociales son vehículos de inversión a largo plazo que captan capital privado (de aseguradoras o fondos de pensiones) para construir y gestionar activos esenciales para la comunidad. Asimismo, es necesario que tengan bonificaciones fiscales en la promoción y adquisición de vivienda, acceso preferente a suelo público en determinadas condiciones, financiación estable y reglas claras para recibir ayudas públicas. A cambio, estas entidades deberían someterse a controles específicos, como la reinversión obligatoria de beneficios. Va a ser toda una Odisea, tener un buen mercado de la vivienda. Pero Ítaca existe. Y necesita también de las empresas del tercer sector.

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