La administración necesita a los mejores directivos públicos

Cada vez que cambia el Govern de la Generalitat se nombran cerca de 400 cargos por afinidad política ('a dedo') y, demasiado a menudo, sin experiencia acreditada en la materia que tendrán que decidir. Difícilmente encontraríamos una empresa privada que renovara de una sola vez una parte tan importante de su dirección sin hacerlo con un proceso de selección basado en la experiencia y la capacidad profesional. Pero esto es una práctica habitual en nuestra administración pública. El error de supervisión de las pruebas PISA es un ejemplo. ¿Se imaginan a una empresa que contratara a un director financiero que no fuera economista ni tuviera conocimientos de finanzas o contabilidad?

Hoy se ha dado un paso adelante muy importante para cambiar esta disfunción. El Govern ha aprobado el proyecto de ley de la Direcció Pública Professional. Es una reclamación histórica de las diez entidades que estamos impulsando la reforma de la administración pública a través del FERA, y de las 300 entidades que nos apoyaron en un acto que celebramos en la Llotja en noviembre de 2024. Sin las personas profesionales adecuadas al frente de las administraciones, el resto de reformas corren el riesgo de ser papel mojado. Esta ley es la piedra angular de una transformación real y profunda de nuestra administración pública.

La nueva figura del directivo público permitirá seleccionar directores generales, direcciones operativas y directivos de las entidades que dependen de la administración a partir de criterios de meritocracia. Además, los procesos de selección tendrán que garantizar los principios de transparencia, publicidad e independencia. La duración del mandato será independiente del ciclo electoral -siete años, prorrogable por siete más- e incorporará una retribución variable de hasta el 15%, vinculada al logro de los objetivos que previamente se le han fijado. La norma también prevé que el cese solo se pueda producir por causas objetivas y justificadas, y no por decisiones discrecionales. La administración necesita atraer talento -y en Catalunya, hay de sobra- para dirigir las políticas públicas. Pero solo lo conseguirá si ofrece una carrera profesional atractiva y garantías reales de independencia respecto del poder político. Recuperamos así el orgullo de ser servidor público, una figura que hoy está bastante desprestigiada.

No estamos inventando nada. Seguimos las recomendaciones de la OCDE y nos inspiramos en modelos ya implementados como los de Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Canadá, Reino Unido o Portugal. Pero sí que estamos siendo pioneros en España. Hasta ahora, solo Andalucía ha incorporado esta figura en su ordenamiento, pero todavía no la ha desplegado. Catalunya puede convertirse en un referente para el resto del Estado en el ámbito de la gestión pública.

El texto aprobado por el Govern entra ahora en fase de tramitación parlamentaria, donde los grupos políticos tendrán que posicionarse. Sin perjuicio que el proyecto se pueda mejorar en algunos aspectos, que se concretarán en el despliegue reglamentario, cuesta imaginar que los representantes de la ciudadanía se opongan a una reforma destinada a profesionalizar la dirección pública y reforzar el rendimiento de cuentas de la gestión pública hacia la sociedad. Catalunya tiene hoy la oportunidad de ser líder en España en esta reforma. No renunciemos. Es el momento de fortalecer la confianza de la ciudadanía en la administración pública catalana.

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