Lo técnico es político

Las pruebas PISA, con sus limitaciones, son el principal instrumento internacional para medir, con una metodología común, las competencias en comprensión lectora, matemáticas y ciencias del alumnado de 15 años. Elaboradas por la OCDE cada tres años, permiten comparar sistemas educativos, identificar tendencias y evaluar si las políticas impulsadas producen mejoras o retrocesos. Precisamente por ello, la exclusión de Catalunya de la edición de 2025 supone la pérdida de una herramienta esencial para conocer el estado del sistema educativo.

Lo sucedido se ve agravado por el hecho de que Catalunya llegaba a esta edición después de unos resultados muy negativos. Entre 2015 y 2022 el rendimiento del alumnado catalán cayó entre treinta y cuarenta puntos en las tres competencias evaluadas, un retroceso equivalente a casi un curso escolar. Por ello, las pruebas de 2025 debían permitir comprobar si las medidas adoptadas desde entonces habían producido algún efecto. Esa posibilidad se ha perdido, ya que la OCDE ha invalidado la muestra catalana al haber sido excluido el 23,2% del alumnado seleccionado, muy por encima del límite del 5% establecido para garantizar su representatividad. En total, quedaron exentos 591 estudiantes, la mayoría por necesidades específicas de apoyo educativo, además de alumnado con dominio insuficiente de la lengua o discapacidad física, lo que impedirá comparar los resultados con los de otros países, comunidades autónomas y ediciones anteriores.

La consellera de Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha reconocido en el Parlament que el Departament no disponía de protocolos claros para controlar la aplicación de las pruebas. También ha apuntado como hipótesis que la coincidencia temporal con las evaluaciones de final de etapa pudo haber provocado una confusión en la aplicación de los criterios de exención, aunque ha evitado identificar una causa concreta y ha emplazado a esperar el resultado de las diligencias internas. El propio Departament ha anunciado, además, la creación de una comisión de coordinación de pruebas y nuevos protocolos de control para evitar que una situación similar vuelva a producirse.

Persisten, no obstante, cuestiones relevantes sin aclarar. Se desconoce quién debía verificar la correcta aplicación de los criterios de exención establecidos por la OCDE, por qué la desviación no fue detectada antes de remitir la muestra, qué mecanismos de supervisión fallaron durante el proceso y por qué una incidencia conocida por el Departament desde marzo no se hizo pública hasta finales de julio. Tampoco ha quedado acreditado que la reorganización de los órganos de evaluación explique lo sucedido, como sostiene la propia Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació.

Precisamente porque sigue habiendo interrogantes, resulta insuficiente reducir lo sucedido a una incidencia técnica. Los procedimientos, los protocolos y los mecanismos de supervisión forman parte de la acción de gobierno y son responsabilidad de quienes dirigen la administración. Las causas concretas deberán esclarecerse y las responsabilidades técnicas determinarse, y cuando se diriman ver si también existen responsabilidades políticas. Cuando una institución falla en sus mecanismos de control, hay que asegurar que el problema sea únicamente técnico, y no también de dirección política.