Una trifulca entre generales

No ha sido únicamente la discusión entre dos generales de la Guardia Civil lo que ha llamado la atención. Ha sido, sobre todo, la rapidez con la que la Sala Militar del Tribunal Supremo archivó la denuncia: apenas48 horas para cerrar una causa que la propia Fiscalía togada consideraba merecedora de investigación. El episodio podrá darse por concluido en el plano judicial. En el institucional, sin embargo, deja abiertas preguntas mucho más profundas.

El general destinatario de aquella orden defendió que la Guardia Civil debía mantenerse al margen del enfrentamiento político entre administraciones y que asistir a los actos formaba parte de sus obligaciones institucionales. A partir de ese momento, la conversación dejó de girar sobre un acto protocolario para convertirse en una discusión sobre la naturaleza misma de la obediencia.

Quien impartía la instrucción sostenía, por el contrario, que un general debe cumplir las órdenes recibidas sin convertirlas en un debate interno. Esa discrepancia constituye precisamente el origen del conflicto.

Pero el verdadero problema no es la rapidez del archivo. Tampoco la grabación de una conversación entre dos generales. Es el clima institucional que hace pensar a un mando que necesita registrar una conversación con su superior para protegerse.

Lo verdaderamente inquietante no eran los modales, por impropios que pudieran parecer, sino el intento de hacer cumplir una instrucción política evitando dejar constancia escrita de su origen. La autoridad institucional necesita asumir la responsabilidad de las órdenes que imparte. Cuando estas sólo existen de palabra, la confianza empieza inevitablemente a resentirse.

No corresponde discutir aquí el acierto jurídico de una resolución que solo el tiempo y el análisis doctrinal permitirán valorar con serenidad. Pero sí resulta legítimo constatar la perplejidad suscitada por una decisión adoptada con tanta celeridad y sustentada en una fundamentación que se aparta del criterio mantenido por el propio Ministerio Público. Esa sorpresa constituye el punto de partida de una reflexión que trasciende el contenido del auto.

Porque reducir este episodio a un enfrentamiento entre dos generales sería un error. Lo relevante no son sus protagonistas, sino el escenario institucional que revela. La discusión sobre si estuvo bien grabar una conversación puede distraer de la cuestión esencial: ¿qué clima interno lleva a un general a pensar que necesita grabar a su superior para protegerse?

Las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil descansan sobre una cadena de mando en la que la autoridad no puede confundirse con la obediencia política. Cuando decisiones que deberían responder exclusivamente al interés del servicio aparecen asociadas al enfrentamiento partidista, quienes mandan pierden autoridad y quienes obedecen empiezan a desconfiar. La institución deja entonces de resolver sus tensiones en el ámbito interno y acaba trasladándolas a los tribunales o a la opinión pública.

La grabación no es el verdadero problema. Es el síntoma. En cualquier organización sana, la lealtad, la profesionalidad y el respeto a la legalidad hacen innecesarias estas prácticas. Cuando aparecen presiones políticas o luchas de poder, dejan de ser una excepción para convertirse en un mecanismo de autoprotección. El debate no está en el teléfono sino en las razones que obligan a utilizarlo.

Durante la conversación apareció una expresión reveladora: «No te meto dos hostias porque no estás delante». Poco importa aquí el valor penal que los tribunales hayan querido atribuir a esa frase. Lo relevante es que una relación de mando termine expresándose en esos términos. Cuando la intimidación entra en la conversación, la autoridad deja de estar presente.

Es entonces cuando la autoridad empieza a ser sustituida por la presión. Cuando la intimidación sustituye a la autoridad, el miedo reemplaza a la confianza; la condescendencia normaliza lo que debería corregirse y la parálisis termina convirtiendo la excepción en costumbre. Así comienzan a deteriorarse las instituciones.

Las instituciones no entran en crisis cuando se producen discrepancias. Entran en crisis cuando el mando necesita intimidar para ser obedecido y el subordinado necesita grabar para sentirse protegido. En ese momento, la autoridad conserva el rango, pero empieza a perder aquello que la hace eficaz: la legitimidad.

Suscríbete para seguir leyendo