Rectificar es de sabios

El anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, en la parte que afecta a la transmisión de participaciones sociales para impedir que las sociedades puedan ser utilizadas impunemente en los casos de corrupción, ha sido tumbado por los diferentes informes que han emitido las distintas instituciones que han informado sobre él. A los informes críticos del Consejo Fiscal y del Consejo General del Poder Judicial hay que sumar el muy reciente del Consejo de Estado, un dictamen demoledor.

Proponer que la herramienta que se utiliza para defraudar (el documento privado) sea la solución del problema tiene que, al menos, hacernos dudar de la voluntad real de atajar la corrupción. Excluir inicialmente en el Proyecto la verdadera solución (la exclusividad de la escritura pública para estos menesteres) nos tiene que hacer dudar, aún más, de las intenciones del redactor del anteproyecto. Añadir un trámite costoso e inútil a estos efectos como es la inscripción en el Registro Mercantil, todavía más.

Con riesgo de ser tachado de ingenuo sigo creyendo que esta parte del anteproyecto ha sido, en términos coloquiales, un gol que le han intentado colar al Gobierno con el alborozo de aquellos a quienes beneficiaba.

Ahora el Ejecutivo puede demostrar que, efectivamente, no tenía intención de debilitar el sistema de seguridad jurídica preventiva, alabado por el GAFI, y demostrar sus verdaderas intenciones modificando el proyecto en la única línea posible para acabar con la corrupción: que la transmisión de participaciones sociales solo sea eficaz si consta en escritura pública notarial y que no produzca absolutamente ningún efecto en otro caso. Y sin requisito de publicidad añadido, que solo supondría costes innecesarios para las empresas. Solo se necesita añadir tres palabras a un artículo vigente de la Ley de Sociedades de Capital.

Y tras esa demostración de verdadera voluntad de lucha contra la corrupción se debería realizar otra tarea muy importante: examinar el origen de tan perjudicial propuesta para la ciudadanía y actuar en consecuencia. La transparencia debería alcanzar a la trazabilidad de las propuestas normativas para conocer quién está detrás de ellas.

En un tema tan trascendental y grave como es la lucha contra el blanqueo de capitales, el fraude fiscal, la financiación del terrorismo y la corrupción no cabe la irresponsabilidad. Nuestros jueces, fiscales, policías y funcionarios en general merecen contar en esta ardua tarea con una herramienta eficacísima como es la información y el control notarial.

Vuelvo a correr el riesgo de ser acusado de ingenuidad: estoy seguro de que el anteproyecto se va a corregir en la dirección correcta. Evitar goles es una buena táctica para ganar partidos.

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