La Defensa y la automoción: socios, no salvavidas

La industria europea del automóvil atraviesa la mayor transformación de su historia. La electrificación, la digitalización y, sobre todo, la irrupción de fabricantes chinos capaces de producir vehículos competitivos a menor coste ha puesto en cuestión un modelo que durante décadas sostuvo buena parte del crecimiento industrial europeo. España, segundo productor de automóviles de la Unión Europea, y Catalunya, uno de sus principales polos fabriles, afrontan este desafío con especial intensidad.

La automoción representa cerca del 10% del PIB español, alrededor del 18% de las exportaciones y genera, de forma directa e indirecta, casi dos millones de empleos. No sorprende, por tanto, que cualquier amenaza sobre el sector se convierta en una cuestión de Estado.

En paralelo, el nuevo contexto geopolítico ha impulsado un fuerte incremento del gasto en Defensa. La guerra de Ucrania ha evidenciado las carencias industriales europeas para producir municiones, vehículos blindados y sistemas militares con la rapidez que exige un conflicto de alta intensidad. La Unión Europea y la OTAN reclaman reforzar la base tecnológica e industrial de la Defensa, mientras España acelera programas estratégicos liderados por empresas como Indra, Navantia o General Dynamics Santa Bárbara Sistemas.

De esta coincidencia de necesidades ha surgido una idea aparentemente sencilla: utilizar la capacidad productiva de la automoción para reforzar la industria de Defensa y, al mismo tiempo, ofrecer una salida a un sector sometido a una enorme presión competitiva. Sobre el papel parece una solución perfecta. En la práctica, es bastante más compleja.

Aunque ambos sectores comparten tecnologías y capacidades de ingeniería, responden a modelos industriales radicalmente distintos. Una fábrica de automóviles está diseñada para producir cientos de miles de unidades prácticamente idénticas mediante procesos altamente automatizados y economías de escala muy ajustadas. Su rentabilidad depende del volumen y de la estabilidad de la producción.

La industria de Defensa funciona de otra manera. Vehículos blindados, camiones tácticos, obuses autopropulsados o carros de combate se fabrican en series reducidas, con especificaciones que cambian continuamente para incorporar nuevas tecnologías o adaptarse a las necesidades operativas de los ejércitos. Cada contrato es diferente y la flexibilidad resulta más importante que la repetición.

La consecuencia es evidente: una planta concebida para fabricar cientos de miles de automóviles difícilmente puede resultar rentable produciendo unos pocos centenares de vehículos militares al año. Los costes fijos permanecen, pero desaparecen las economías de escala que sostienen el negocio.

Las alternativas tampoco son especialmente atractivas. La primera consistiría en adquirir más material militar del realmente necesario para mantener ocupadas las fábricas, comprometiendo durante años los presupuestos públicos de Defensa. La segunda sería subvencionar permanentemente esa reconversión industrial para compensar la pérdida de rentabilidad. En ambos casos, el coste acabaría recayendo sobre el contribuyente.

Este debate no es exclusivo de Europa. Japón, otra gran potencia automovilística, afronta una discusión similar. El consejero delegado de Mitsubishi Heavy Industries, Eisaku Ito, advertía recientemente de que transformar fábricas de automóviles en plantas de producción militar puede convertirse en un error muy costoso. Su explicación es sencilla: los vehículos civiles mantienen especificaciones estables durante años, mientras que los sistemas militares evolucionan constantemente en función de la tecnología y de las lecciones que dejan los conflictos.

Eso no significa que la automoción deba permanecer al margen del esfuerzo de Defensa. Al contrario. España dispone de una extraordinaria capacidad industrial, de una potente red de proveedores y de miles de ingenieros y técnicos especializados cuyo conocimiento constituye un activo estratégico. Precisamente ahí reside la gran oportunidad.

La colaboración debe construirse sobre las fortalezas de cada sector. La experiencia de la automoción en automatización, fabricación avanzada, robotización, materiales ligeros, electrificación, conectividad o inteligencia artificial puede acelerar numerosos programas de Defensa. Del mismo modo, la inversión militar puede impulsar innovaciones con aplicaciones posteriores en la industria civil, como ha sucedido históricamente con tecnologías hoy tan cotidianas como el GPS, los materiales compuestos o numerosas soluciones de comunicaciones.

Empresas como SEAT, Indra, Navantia o General Dynamics Santa Bárbara Sistemas, junto con cientos de pequeñas y medianas empresas especializadas, tienen la oportunidad de crear un ecosistema industrial capaz de generar innovación, empleo cualificado y soberanía tecnológica. No se trata de sustituir una industria por otra, sino de desarrollar proyectos compartidos que aprovechen el talento, la capacidad de ingeniería y las tecnologías duales con aplicaciones tanto civiles como militares.

España necesita una política industrial que combine visión estratégica y realismo económico. La inversión en Defensa debe fortalecer capacidades críticas y mejorar la competitividad del conjunto de la economía, mientras la automoción debe acelerar su transformación hacia productos y tecnologías de mayor valor añadido. El objetivo no puede ser que la Defensa rescate a la automoción, ni que la automoción se convierta en un mero proveedor coyuntural del rearme europeo.

El verdadero desafío consiste en que ambas industrias encuentren un camino para crecer conjuntamente. La Defensa puede convertirse en un poderoso catalizador de innovación y la automoción en uno de sus principales socios tecnológicos e industriales. Si España sabe construir esa alianza, no solo reforzará su seguridad y su autonomía estratégica, sino que también consolidará un tejido industrial más competitivo, más innovador y mejor preparado para afrontar los desafíos de las próximas décadas.