Más vivienda, menos burocracia

Catalunya necesita más vivienda y la necesita pronto. Según un artículo de la Memòria Econòmica de Catalunya publicada por las cámaras de comercio, el déficit residencial acumulado desde 2021 se sitúa en torno a 142.000 viviendas. Al mismo tiempo, la capacidad de construcción actual está en mínimos y se está edificando un tercio de lo que se necesita cada año. Con esta distancia entre oferta y demanda, contener los precios resulta prácticamente imposible. Resolverlo exige más suelo disponible, más colaboración público-privada, más capacidad constructiva, más seguridad jurídica y una administración más ágil.

En este contexto debe leerse el nuevo anteproyecto de ley de simplificación de trámites urbanísticos y medioambientales que ha presentado el Govern de Catalunya. No es una reforma menor, es una de las iniciativas legislativas con mayor impacto económico potencial de esta legislatura. Su objetivo es agilizar los trámites para que construir vivienda, rehabilitar edificios o impulsar inversiones productivas sea más fácil y rápido.

Sin embargo, la realidad hoy es muy distinta. Construir se ha convertido en un auténtico viacrucis administrativo. En el sector inmobiliario, el proceso de construcción de un edificio puede prolongarse hasta cinco años, si el suelo ya está urbanizado o diez años, si debe desarrollarse urbanísticamente. Antes de que empiecen las obras, la concesión de la licencia municipal puede tardar hasta un año cuando la ley marca dos meses como máximo. Y además cada municipio funciona con ritmos distintos. Los hay donde los constructores ya saben que iniciar una obra implica asumir una demora difícilmente compatible con la viabilidad económica del proyecto. Sin embargo, no disponemos de datos oficiales por ayuntamientos sobre el tiempo que tardan en conceder licencias de obras y autorizaciones ambientales. Publicar dichos plazos permitiría identificar dónde existen los cuellos de botella, reconocer las buenas prácticas y ayudar a los municipios con más dificultades para cumplir los tiempos que marca la ley.

Cualquier inversión contempla unos costes visibles (financiación, suelo, impuestos, materiales, personal) y un coste invisible que es el tiempo. En un entorno económico cambiante, la incertidumbre temporal multiplica el riesgo de la inversión. Cuando llega la licencia, la operación puede no resultar rentable y dejar de realizarse porque han cambiado el coste financiero, la normativa o la capacidad económica del comprador.

Si queremos mejorar la productividad, un aspecto fundamental es que los proyectos de inversión viables no se pierdan por culpa del laberinto administrativo

La nueva ley puede contribuir a corregir esta situación si mantiene la ambición inicial. Entre las medidas principales, destaca la introducción de una licencia urbanística simplificada, que permitiría a la empresa constructora presentar un certificado de conformidad urbanística y técnica emitido por una entidad colaboradora acreditada, que sustituiría los informes que ahora hacen los técnicos municipales. También se amplían los casos de obras que pasan de licencia a comunicación previa y se refuerza el silencio positivo. Es un cambio relevante porque supone avanzar desde un modelo basado casi exclusivamente en el control previo hacia otro basado en la confianza, la responsabilidad técnica, la verificación posterior y la digitalización de los procedimientos.

Según los objetivos planteados, las licencias de obras podrían pasar de los 9-12 meses actuales a resolverse en un mes; la tramitación de planeamientos urbanísticos derivados de dos años a 6-8 meses; y las autorizaciones y licencias ambientales de dos años a un mes. De aprobarse y cumplirse, el impacto económico será muy significativo.

El anteproyecto está alineado con las propuestas que presentamos en la Comisión de Expertos para la Transformación de la Administración (CETRA), ya que avanza en la agilización de seis de los diez trámites de empresa prioritarios a reformar.

Catalunya necesita más vivienda para resolver la crisis habitacional y que la burocracia no sea un obstáculo a la inversión productiva que genera actividad económica y empleo. Si queremos mejorar la productividad, un aspecto fundamental es que los proyectos de inversión viables no se pierdan por culpa del laberinto administrativo. Por ello, esta ley es tan necesaria como urgente. Porque el tiempo es un coste que acabamos pagando los ciudadanos en forma de mayores precios.

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