De lo social a lo económico

El informe 'Vivienda, movilidad y competitividad de las pymes. Impacto sobre la contratación, los costes laborales y el crecimiento empresarial en Catalunya', elaborado por el Observatori de la Pime de Catalunya, incorpora una dimensión a menudo ausente en el debate público al mostrar cómo la crisis de la vivienda trasciende el ámbito social y condiciona también el funcionamiento de la economía, especialmente a través de su impacto sobre la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.

Los datos del estudio muestran que prácticamente la totalidad de las empresas considera que el mercado residencial de su entorno está tensionado, que casi dos tercios tienen dificultades para cubrir vacantes y que una de cada dos ha aplazado o descartado decisiones de crecimiento como consecuencia de los problemas derivados de la vivienda y la movilidad. Aunque la falta de perfiles adecuados continúa siendo el principal obstáculo para la contratación, el elevado coste de la vivienda y las dificultades de desplazamiento reducen todavía más el número de candidatos, de manera que el funcionamiento del mercado laboral pasa a depender no solo de la disponibilidad de talento, sino también de las posibilidades reales de acceder a una vivienda. Esto incrementa la presión sobre los salarios, eleva los costes laborales y dificulta la atracción y retención de trabajadores, limitando la capacidad de crecimiento de las empresas y afectando con mayor intensidad a las pymes, que disponen de un margen más reducido para absorber estos sobrecostes.

Este diagnóstico lleva a Pimec a proponer un Pacto Transversal por la Vivienda que dote de estabilidad a las políticas públicas mediante un incremento de la oferta de vivienda asequible apoyado en una combinación de inversión pública, colaboración público-privada, movilización de suelo, incentivos fiscales y simplificación administrativa. Más allá de las medidas concretas, el informe defiende la necesidad de una estrategia sostenida en el tiempo que descanse sobre un amplio consenso institucional y social.

El anteproyecto de ley de simplificación de trámites urbanísticos y ambientales recientemente impulsado por el Govern da una respuesta parcial a una de las principales demandas del informe al reducir los plazos de tramitación, crear entidades colaboradoras para agilizar las verificaciones técnicas, reforzar la efectividad del silencio administrativo positivo y otorgar una mayor capacidad decisoria a los ayuntamientos, medidas que pueden contribuir a acelerar la promoción de vivienda y a reducir uno de los principales cuellos de botella del urbanismo catalán. No obstante, aunque la reforma constituye una condición necesaria para desbloquear proyectos, difícilmente será suficiente si no va acompañada de una mayor disponibilidad de suelo, inversión sostenida y un marco regulatorio estable que permitan traducir esa mayor agilidad administrativa en un incremento efectivo de la oferta.

Porque lo que el informe pone de relieve es que la política de vivienda ya no puede desvincularse de la política económica, al condicionar el funcionamiento del mercado laboral y la competitividad del tejido productivo, lo que obliga a situarla entre las prioridades de la acción pública mediante políticas estables y sostenidas.