La sentencia importa, a casi nadie

David Sánchez ha sido condenado a 9 años de inhabilitación para ocupar un cargo público como cooperador necesario en un delito de prevaricación. La sentencia permite a los dos bloques en los que se divide España mantener su relato. Para PP y Vox es una evidencia más, en este caso judicial, de la podredumbre que rodea al para ellos todavía presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Su hermano fue un “enchufado”, no importa por quién ni para qué. Para el entorno de la Moncloa y del PSOE el tribunal no ha validado casi nada de lo que se dejó dicho en la instrucción, reconoce que el que hubiera podido ser el principal delito, el tráfico de influencias, estaba prescrito y de haberse producido no podría emanar del presidente, que entonces no lo era. Todos contentos. O todos disgustados. En todo caso, todos enfrentados lanzándose a justicia por montera.

Lo primero debería ser, por todas las partes, respetar la sentencia contra la que las partes pueden recurrir. Y no valorarla por el beneficio político que se pueda obtener, en un sentido o en otro. La distancia entre el relato de las acusaciones y los hechos que se consideran probados es muy grande, aunque también es evidente que David Sánchez no reunía los requisitos necesarios y el propio interesado lo sabía. Ello dice mucho de la catadura moral del personaje y de la de los responsables directos de su contratación, empezando por que fuera presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. Pero no le conecta con la actividad política de su hermano, que alega ser víctima de una persecución judicial. Y tendría toda la razón sino fuera por el empecinamiento que tuvo para mantener a Gallardo en las listas del PSOE pese a la gravedad de las acusaciones. Tratan de vincularlo y no hallan pruebas, pero en ningún caso se desvincula del personaje.

El foco que la oposición ha puesto en este caso y en el de la causa abierta contra Begoña Gómez acaba resultando contraproducente para el interés que persiguen, que no es otro que desalojar a Sánchez de la Moncloa como este desalojó a Mariano Rajoy. Porque son casos hasta cierto punto menores, no desde el punto de vista moral, pero sí desde el penal y el político. Revelan una manera de entender la política y los cargos públicos, no exclusiva ni de Sánchez ni del PSOE, pero no revisten la gravedad penal y política que encontramos en la sentencia de José Luis Ábalos y Koldo Garcia o en las acusaciones contra Santos Cerdán, Leire Díez o el mismísimo José Luis Rodríguez Zapatero. Y el ruido hiperbólico con David y Begoña permite a Pedro Sánchez ahorrarse las explicaciones que debería dar ante los militantes y votantes de su partido y, eventualmente, ante la justicia. Y mientras no se reconozca esta circunstancia, con una eventual dimisión del presidente en favor de otro candidato o con un adelanto electoral, estos dos relatos contrapuestos con la justicia como arma arrojadiza va a seguir dominando la opinión pública española y poniendo a prueba la convivencia democrática y la fortaleza de las instituciones. De la misma manera que no todos los políticos son iguales tampoco todos los jueces son iguales. Del tribunal pacense se podrán decir muchas cosas excepto que han actuado frívolamente, aunque la acusación del PP haya sido más hábil que las defensas de los acusados.