Un debate que se abre paso

Muy lentamente, la sensatez se impone y se reabre el debate sobre los peajes en las vías de alta capacidad de la red de carreteras. El president Illa se atrevió a decir que igual fue “un error” su supresión. Aunque, rápidamente, la formación heredera de la fuerza política que con mayor ahínco defendió y extendió los peajes en Catalunya, Junts se lamentó de que quisiera vaciar el bolsillo de los catalanes. Hace unos meses, a raíz del informe que publicó David López Frías sobre la AP-7, ya nos mostramos partidarios de encontrar alguna fórmula de pago por uso de esta y otras vías de comunicación por carretera. En primer lugar, para asegurar su correcto mantenimiento. En segundo lugar, para asegurar la equidad, es decir que quien más use este tipo de vías y, además, hace negocio utilizándolas, pague más que quien no las utiliza nunca. No podemos tener una fiscalidad progresiva para financiar servicios universales. Y, en tercer lugar, para limitar el número de usuarios que desde que se implantó la gratuidad colapsan esta y otras vías y las convierten en un lugar más peligroso que las vías alternativas. La consellera Paneque admitió hace una semana en estas páginas la necesidad de ampliar la AP-7 y mientras no se haga regular el tráfico pesado. Para ambas cosas pudiera resultar útil el pago por uso.

Desgraciadamente, desde Catalunya se planteó este asunto en el cambio de siglo como un agravio territorial sin tener en cuenta la realidad del transporte en este territorio y su importancia en la conexión entre España y Francia, entre la península y Europa. En la AP 7 se acumula todo el transporte de mercancías desde el este de España hacia el norte, más el de turistas, más el interurbano al alrededor de grandes metrópolis como Barcelona o València, más el creciente en áreas dinámicas como Alicante, Castellón, Tarragona o Girona. Es cierto que los peajes fue el sistema de pago por uso que se inició bajo la dictadura, es cierto que la democracia optó por las autovías gratuitas y es cierto que España no ha implantado ninguno de los sistemas alternativos de pago por uso que recomienda la Comisión Europea como la euroviñeta o el sistema portugués. La mezcla de esas dos realidades convirtió en un agravio lo que podía no serlo. Simplemente se trataba de actualizar un sistema obsoleto como el peaje y adaptarlo a la normativa europea. Pero la solución fue la peor de las posibles: se eliminaron los peajes (en parte por los escandalosos rescates de las radiales de Madrid) y no se implantó una alternativa. El resultado es el que ahora tienen que administrar: saturación, falta de mantenimiento, aumento de la siniestralidad, pérdida de productividad como país, etc.

Si el actual gobierno de la Generalitat, como han expresado el president y la consellera, quiere reabrir este debate, en la línea política que tiene de abordar lo que no se ha hecho en 10 años pensando en los próximos 10 años, estamos ante una buena noticia. De lo que se trata no es en ningún caso de volver a los peajes como eran, sino de encontrar una fórmula de pago por uso que sea eficiente en su desarrollo, asumible en un país que basa su fiscalidad en la progresividad, y homologable con las políticas europeas en la materia.

Suscríbete para seguir leyendo