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Opinión | Autopistas
Álex Sàlmon

Álex Sàlmon

Periodista. Director del suplemento 'Abril' de Prensa Ibérica. Miembro del Comité Editorial de EL PERIÓDICO

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Peajes salvadores

La declaración del president Salvador Illa y el trabajo que se está haciendo desde la conselleria de Territori, abriéndose a una vuelta de los peajes, demuestra el error de la decisión motivada por una situación más emocional que pragmática

Illa cuestiona ahora que haya sido positiva la gratuidad de los peajes de la AP-7: "Quizá nos equivocamos"

Cortada la AP-7 en Vilademuls por un incendio de vegetación en los márgenes de la carretera

Cortada la AP-7 en Vilademuls por un incendio de vegetación en los márgenes de la carretera / Servei Català del Trànsit

Otro artículo de mi colega Martí Saballs me abre la puerta a escribir sobre un tema del que hace tiempo reflexiono y que demuestra, al menos desde mi punto de vista, hasta qué punto los ciudadanos pueden estar manipulados si se obligan (ellos) a pensar poco, porque a sacar conclusiones sabemos todos.

Durante los años del 'procés' se consolidó una idea que tenía muchas derivadas: España nos roba. Ese supuesto saqueo económico se producía a través de muchas vías que no voy a enumerar ahora. Me detengo en los peajes. Cada vez que pasábamos por una barrera de pago en una autopista muchos automovilistas consideraban que aquello era un atraco del Estado y eso no se podía permitir. Hubo bloqueos, coladas masivas y manifestaciones en contra de lo que se consideraba un ultraje a los catalanes.

No vamos a negar que alguna razón tuvieran. Las mismas que pueden existir en un servicio mal prestado. Por ejemplo, el pago por una autopista rápida que no sea rápida a causa de la gran cantidad de vehículos el día de salida o retorno por culpa, normalmente, de los propios peajes.

La presión social fue tan contundente y tan poco reflexionada que a partir del 1 de septiembre de 2021 la AP-2 y AP-7 dejaron de cobrar por su utilización y pasaron a ser responsabilidad del Estado. Mi principal argumento en contra desde hacía muchos años era siempre el mismo: prefiero pagar yo la autopista que no los impuestos de mi abuela desde su casa. La idea es sencilla. El mantenimiento de esa vía rápida pasaba al Estado, o sea a los impuestos, y no a mi abono en el peaje. Fácil.

¿Dónde falla mi teoría? Pues que una cosa es el mantenimiento de las carreteras y la devolución del coste de la carretera y la otra los beneficios de las empresas concesionarias. Sin embargo, ese debate nunca estuvo sobre la mesa. Se decía que robaban y se enriquecían, y no había más. Y eran empresas españolas, aunque fueran catalanas, como Abertis, ahora italiana.

Las dudas no existieron sobre las autopistas Pau Casals o los túneles del Cadí o de Vallvidrera. Eran percepciones que brotaban por parte de la sociedad. Si cobraba la Generalitat, no había problema. Pero el Túnel del Cadí, por ejemplo, gestionado por Abertis desde que Artur Mas, junto al conseller Mas Collell, decidieran, en un momento de crisis y necesidad financiera, concederles en 2012 la gestión por 430 millones y durante 25 años, eso daba igual. Hasta 2037. Estos son de los pocos peajes que se mantienen en Catalunya.

La declaración del president Salvador Illa y el trabajo que se está haciendo desde la conselleria de Territori abriéndose a una vuelta de los peajes, demuestra el error de la decisión motivada por una situación más emocional que pragmática. Hace dos meses un camión enorme con tráiler estuvo a punto de sacarme de la AP7. Este adelantaba a otro camión con tráiler, que adelanta a otro camión con tráiler. Por lo tanto, estábamos en el carril de la izquierda. Esta es la rutina en las autopistas catalanas gracias al fin de los peajes. Su vuelta es una necesidad, recaude quien recaude.

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