Escenificaciones e institucionalidad

El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó este lunes el techo de gasto para el año 2027 con el voto a favor del Gobierno, que tiene la mayoría, y de las comunidades gobernadas por el PSOE: Catalunya, Asturias y Castilla-La Mancha. La propuesta es elevar el gasto de las comunidades autónomas un 4% y fija el déficit público en el 1,8%. Pero este incentivo no ha sido suficiente para los consejeros del PP, que la han rechazado de plano y han reclamado que esta negociación se acompase con la del nuevo sistema de financiación autonómica. Aunque todo sea explicable por el calendario electoral, es verdaderamente una lástima que no se aproveche un órgano de cogobernanza como este para debatir tanto el modelo de financiación como los límites del gasto público que marcan los servicios que reciben los ciudadanos como los impuestos que pagan.

Este martes, el Consejo de Ministros dará luz verde a la tramitación tanto del techo de gasto como de la senda de déficit que no conseguirá aprobar en el Congreso en primera convocatoria, puesto que Junts ya ha anunciado su voto en contra. Este hecho ya es un síntoma de la suerte que correrá el proyecto de Presupuestos para 2027, los primeros que podría presentar este Gobierno en toda la legislatura. Las probabilidades de que se aprueben son escasas, a no ser que la tramitación de la amnistía de Carles Puigdemont dé un vuelco tras la sentencia que emitirá la justicia europea en los próximos días. Y, según el relato que se va construyendo, la falta de mayoría para aprobarlos sería hipotéticamente el detonante de un avance electoral en la próxima primavera. Sea o no cierto que esa sea la intención estamos ante un nuevo abuso de los mecanismos institucionales. Es insólito que no se apruebe ningún presupuesto en toda la legislatura y que sea en el último año cuando se reconoce la necesidad de hacerlo. Como está ocurriendo en el caso de la justicia, vivimos día a día un menosprecio institucional que no hace otra cosa que alimentar al populismo, como denotan las diversas encuestas.

Yendo al fondo de la cuestión, aunque resulte incomprensible que las comunidades del PP antepongan las cuestiones ideológicas a la mejora de los recursos públicos disponibles para sus ciudadanos, es cierto que el modelo que propone el gobierno en cuanto a déficit y gasto se soporta sobre la base de aprovechar la inflación para cuadrar y expandir las cuentas públicas a costa de la renta disponible de los contribuyentes, sin ningún correctivo en cuanto a la progresividad. Este hecho, además de ser injusto, impacta en esa sensación creciente de los ciudadanos de que la buena marcha de la economía no se traduce en su bienestar porque el Gobierno se niega a deflactar las tarifas de los impuestos, es decir, a restar la inflación de los ingresos de los contribuyentes antes de fijar lo que les corresponde pagar. Rehuir ese debate con el simple miedo a una mayoría del PP y Vox no hace más que acrecentar el apoyo electoral al populismo y malear las instituciones. Los ciudadanos nos merecemos que la dinámica de la polarización, además de impedir mayorías centrales, no empañe también el funcionamiento de las instituciones, sean los tribunales, las comunidades autónomas o los consejos interterritoriales.