Ayuso contra los diplomáticos

Hace aproximadamente un mes me reuní con un alto diplomático extranjero. Me expresó dudas sobre la limpieza de las próximas elecciones en España, relacionadas con el voto de los españoles en el extranjero. Aseguraba que en su círculo había preocupación por una posible manipulación generalizada del voto, por ejemplo, con funcionarios en los consulados que pudieran emitir papeletas falsas con solo una fotocopia del pasaporte de otros votantes. No terminé de comprender sus argumentos y tampoco les di mucha importancia. Pensé que era mero desconocimiento de las garantías del proceso.

La semana pasada comencé a comprenderlo todo. El líder de Vox, Santiago Abascal, pidió a los españoles movilizarse contra un presunto fraude electoral masivo que estaría preparando el Gobierno de Pedro Sánchez. Sus palabras quedaron sepultadas en las ocho horas de pleno en que el presidente comparecía para dar explicaciones, pocas, sobre los múltiples casos de corrupción que rodean al PSOE.

“El Gobierno no puede tener la facultad de asignar provincias de manera arbitraria según el recuento de voto, según donde le faltan los votos necesarios para obtener el siguiente escaño”, es la frase literal de Ayuso del lunes. El Ejecutivo va a “favorecer el voto CERA allá donde el recuento del voto le sea favorable”, repitió el miércoles.

Esta semana se cerró el círculo. El Partido Popular y varios diarios digitales de derechas cogieron el testigo de Vox y empezaron a sembrar dudas sobre el proceso de nacionalización de descendientes de españoles aprobado en 2022, la llamada ley de nietos, y, más grave a mi parecer, sobre la fiabilidad del voto de los 3,2 millones de españoles que viven en el extranjero.

En este debate hay una parte legítima, aunque extemporánea. El PP está en su derecho de creer que no se debe permitir votar a los españoles nacionalizados que no residan en España, aunque lo diga la Constitución, o de pensar que los trámites para conceder esas nacionalizaciones deben ser otros; aunque debió plantearlo hace cuatro años o aprovechar su etapa en el Gobierno para cambiarlo. Al hacerlo ahora, se impone la sensación de que lo que quieren los populares es golpear la misma piñata electoral que Vox, como ya ocurrió antes con la inmigración y otros asuntos similares.

La parte ilegítima de este debate son las dudas sobre la limpieza del voto de los españoles en el extranjero, recogidos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Ese argumentario lo ha liderado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Cargó primero, el lunes, contra los diplomáticos españoles. Les advirtió de que no nacinoalicen de forma fraudulenta a extranjeros. “Ahí queda nuestro aviso”, profirió de forma amenazante. Las dudas cayeron como una bomba en la Carrera, como contó a este periódico Alberto Virella, presidente de la mayoritaria Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE). En particular, enfadaron al cónsul de Buenos Aires, el lugar con más españoles registrados en el CERA y con más candidatos a ser nacionalizados mediante la ley de nietos.

¿Podría ser que Ayuso se hubiera explicado mal ese día? Volvió a insistir en esa misma idea este miércoles. “¿Están intentando nacionalizar socialistas?”, afirmó la presidenta, sin decir en qué se basaba para hacer una acusación de tal gravedad. Habló también de “fabricar votantes”, como si la voluntad política de un ciudadano español fuera un producto del Gobierno de turno, ejecutado por los funcionarios del Ministerio de Exteriores.

También dijo que el Gobierno está colocando “agentes gubernamentales” en los consulados, sin aclarar a qué se refería. Posiblemente aludía a los empleados que, a través de la empresa estatal Ineco, se están contratando en los distintos consulados para ayudar en las tareas de procesamiento de datos de estos procedimientos, una auténtica avalancha para la que los diplomáticos han pedido refuerzos desde hace tiempo.

Pero lo más irresponsable, y falso, que ha dicho la presidenta esta semana es que el Gobierno puede distribuir a su antojo los votos procedentes del extranjero en función de dónde le hagan más falta para ganar escaños.

“El Gobierno no puede tener la facultad de asignar provincias de manera arbitraria según el recuento de voto, según donde le faltan los votos necesarios para obtener el siguiente escaño”, es la frase literal del lunes. El Ejecutivo va a “favorecer el voto CERA allá donde el recuento del voto le sea favorable”, repitió el miércoles.

Esto es un error de bulto. Es el votante quien marca la circunscripción (la provincia) en la que vota. Y no lo hace de forma arbitraria, como han explicado a este diario tanto la ADE como un cónsul general en activo y el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, que defiende los intereses de los españoles inscritos que residen fuera del país. La circunscripción se fija en función del último municipio en el que ese ciudadano que ahora vive en el extranjero haya estado empadronado en España o del lugar que figure en la partida literal de nacimiento de los padres o abuelos aportada por el español nacionalizado. ¿Cómo podría el Gobierno hacer que millones de españoles que viven fuera de España votaran donde más le conviene para ganar ese escaño en disputa? Eso no lo han explicado, y tampoco hace falta. El objetivo parece ser sembrar dudas, no mejorar el proceso.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pasó años criticando a Barack Obama y Joe Biden por, presuntamente, permitir que entraran millones de inmigrantes en el país para ganar votantes demócratas. Una insinuación parecida a la “ingeniería electoral” que ha usado el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, esta misma semana. En realidad, los inmigrantes irregulares no votan y los residentes legales con green card tampoco. Hay que obtener la nacionalidad, mediante un proceso muy selectivo. Trump llevó sus delirios sobre el fraude electoral hasta las últimas consecuencias: jaleó a las masas que asaltaron el Congreso en 2021, tras su derrota electoral de 2020. Aquella imprudencia dejó cinco muertos en la ola de violencia desatada y dividió al país como pocas veces había ocurrido antes.