La defensa también se construye lejos del frente

Cuando se habla de Defensa, la atención suele dirigirse hacia los grandes programas de armamento, los contratos multimillonarios o las tensiones industriales entre las grandes potencias europeas. Es ahí donde se concentran los titulares: el futuro del caza europeo, la competencia entre Francia y Alemania por liderar la industria de defensa o la adjudicación de grandes sistemas de armas. Sin embargo, esa es solo la parte más visible de una transformación mucho más profunda.

La seguridad del siglo XXI ya no depende únicamente de ejércitos bien equipados. Depende también de la capacidad de una sociedad para resistir una crisis, adaptarse a ella y seguir funcionando. En otras palabras, la defensa ha dejado de ser un asunto exclusivamente militar para convertirse en una responsabilidad compartida entre administraciones, empresas y ciudadanos.

Es lo que los expertos denominan defensa extendida. Un concepto que incorpora a la seguridad sectores tradicionalmente considerados civiles: la energía, la logística, la ingeniería, la sanidad, las telecomunicaciones o las infraestructuras. Sin ellos, ningún ejército puede operar con eficacia. Pero existe un segundo concepto, menos conocido y quizá igual de importante: la seguridad humana, que pone el foco en proteger las condiciones de vida de la población frente a amenazas que ya no siempre llegan en forma de tanques o misiles. Un apagón, un ciberataque o la interrupción de una cadena logística pueden causar tanto daño como una acción militar convencional.

Ambas ideas parten de una misma realidad: la línea que separaba el frente de la retaguardia prácticamente ha desaparecido. La defensa empieza mucho antes de que intervengan las Fuerzas Armadas.

Si hubiera que resumir este nuevo escenario en tres ideas, bastaría con recuperar tres principios clásicos de la estrategia militar: la voluntad de vencer, la libertad de acción y la capacidad de ejecución.

La voluntad de vencer ya no se mide únicamente por la moral de un ejército. Se mide también por la resiliencia de una sociedad. Por la fortaleza de sus instituciones, la solidez de su economía y la capacidad de sus empresas para seguir prestando servicios esenciales cuando aparecen las dificultades. En España, y especialmente en Catalunya, esa resiliencia descansa sobre miles de pequeñas y medianas empresas que sostienen buena parte del empleo, la innovación y la actividad industrial. Si ellas funcionan, el país resiste. Si se detienen, la vulnerabilidad se multiplica.

El segundo principio es la libertad de acción. En términos militares significa poder mover fuerzas allí donde sean necesarias. Pero para hacerlo hacen falta infraestructuras preparadas. La Comisión Europea lleva meses insistiendo en la necesidad de reforzar la movilidad militar: adaptar puertos para recibir buques de mayor capacidad, modernizar aeropuertos, reforzar corredores ferroviarios y carreteras capaces de soportar convoyes pesados. No se trata de militarizar las infraestructuras civiles, sino de garantizar que Europa pueda responder con rapidez cuando la situación lo exija.

En ese mapa, Catalunya ocupa una posición estratégica difícil de ignorar. La geografía sigue siendo un factor decisivo. Somos la principal puerta terrestre entre la Península Ibérica y el resto de Europa y contamos con dos puertos de referencia en el Mediterráneo, Barcelona y Tarragona, además de una red logística e industrial de primer nivel.

La cuestión no es si estas infraestructuras son importantes. Lo son. La verdadera pregunta es si están preparadas para responder a las necesidades de la nueva arquitectura de seguridad europea. Todo indica que será necesario invertir para adaptar puertos, corredores ferroviarios y redes viarias a las exigencias de la movilidad militar.

Lejos de interpretarse únicamente como una obligación derivada de los compromisos internacionales, esta transformación puede convertirse en una oportunidad económica. Catalunya probablemente no albergará a los grandes fabricantes europeos de sistemas de armas, pero sí dispone de un tejido empresarial altamente competitivo en ingeniería, construcción, logística, tecnologías industriales y gestión de infraestructuras. Es precisamente ahí donde la defensa extendida encuentra su mayor potencial.

El tercer principio, la capacidad de ejecución, consiste en convertir los objetivos en realidades. No depende solo de disponer de recursos, sino de saber movilizarlos con rapidez y eficacia. Y esa es una de las grandes fortalezas del tejido productivo catalán. Modernizar infraestructuras, reforzar capacidades industriales y desarrollar tecnologías de uso dual no solo mejora la seguridad colectiva; también genera inversión, empleo cualificado e innovación.

Existe, además, una reflexión que conviene no olvidar. Adaptar nuestras infraestructuras no significa únicamente facilitar que nuestras Fuerzas Armadas puedan acudir en ayuda de un aliado. Significa también garantizar que, si algún día somos nosotros quienes necesitamos el apoyo de nuestros socios europeos, ellos puedan llegar con rapidez y en las mejores condiciones posibles.

La defensa del siglo XXI no empieza cuando despega un caza o zarpa una fragata. Empieza mucho antes: en una empresa de ingeniería que refuerza un puente, en un puerto preparado para recibir apoyo aliado, en una red logística capaz de seguir funcionando bajo presión o en una pequeña empresa que mantiene en marcha un servicio esencial. Esa es la defensa que apenas ocupa titulares, pero de la que depende todo lo demás.

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