Añorados peajes de la AP7

Salvo una mayoría de políticos y clanes afines, unos porque no deben saber conducir y otros porque llevan media vida con chófer, la decisión de levantar los peajes de la AP7 -entre otras autopistas- una vez terminada la concesión fue considerado un grave error por parte de cualquier alfabeto que se hubiese interesado de las consecuencias de aquella decisión. Por dos razones principales: económicas y de seguridad. El populismo mal entendido tiene estas cosas. Vendieron que sería gratis cuando al final el coste acaba siendo más alto, aunque no se vea directamente. Con un agravante: quien no usa la autopista también la financia pagando impuestos.

De la noche a la mañana, la AP7 se convirtió en un martirio para cualquier conductor. Una vía lenta e insegura, ocupada por camiones en el carril derecho que, cuando se adelantan entre ellos, colapsan la circulación y generan constantes cuellos de botella que afectan hasta en el carril de adelantar de la izquierda. La entrada en masa de estos camiones, que antes usaban la N-II para ahorrar, afecta también el piso de las vías, convertido en algunas zonas en un constante sinfín de baches destroza ruedas, cada vez más similar a cualquiera de las autovías nacionales que estábamos acostumbrados a sufrir.

Se levantaron los peajes de la AP7 desde La Jonquera (Girona) hasta Alicante sin que se hubiera pensado en planteamientos distintos y sin que se hubiera aún cerrado el corredor ferroviario mediterráneo. Las seis provincias que cubren este tramo suman 13,2 millones de habitantes y el tráfico medio diario es de 60.000 vehículos (transporte pesado incluido), que van de los 160.000 vehículos de la zona más congestionada en la zona de Barcelona/Vallès a los 32.000 del área metropolitana alicantina.

Ahora que hasta el president de la Generalitat considera que levantar los peajes “quizás” fue una equivocación durante su comparecencia en el Parlament, bastaría con dejar de arrepentirse y empezar a pensar en soluciones. La más lógica, que afectaría a todo el territorio español, sería establecer un tipo de pago por uso común. Puede llamarse euroviñeta o espaviñeta y sus cuotas podrían ser distintas incluso dependiendo del tipo de vehículo y su nacionalidad. Lo que no tiene sentido ni es de justicia es que haya que pagar al cruzar la frontera con Francia y no en España. Para los transportistas internacionales, conducir por gran parte de la Península es un chollo. La tecnología permite hoy cualquier fórmula para generar múltiples tarifas.

Otra opción es crear vías alternativas, aun con el riesgo que supone de trinchar excesivamente el territorio. La N-II tiene posibilidad de ser una alternativa en algunos puntos, aunque en otros su trazado en paralelo a la costa impide desdoblamientos más efectivos. Mientras tanto, seguiremos a la espera de que en algún momento, a lo largo de los próximos cien años, haya desaparecido el transporte por carretera de camiones gracias a que todas las mercancías irán en ferrocarril o que aparezcan nuevas tecnologías de movilidad interurbana menos contaminantes, seguras y justas.

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