Reducir ratios, sí. Sin más financiación, no

Hace más de 60 años abrí una pequeña guardería en la buhardilla de la casa de mis padres. En aquella época casi nadie hablaba del valor educativo de los primeros años de vida. No existían los estudios ni las evidencias científicas que hoy demuestran que esta es una etapa determinante para el desarrollo cognitivo, emocional, social y lingüístico de los niños. Pero muchas educadoras ya intuíamos una cosa: los primeros años de vida son demasiado importantes para dejarlos en un segundo plano.

Por eso celebro que, finalmente, el 0-3 ocupe el lugar que merece en el debate público. Durante demasiado tiempo esta etapa se ha asociado casi exclusivamente a la conciliación familiar. Hoy, en cambio, se habla del primer ciclo de Educación Infantil como lo que realmente es: el primer peldaño del sistema educativo. La futura ley catalana del 0-3 y el debate sobre la reducción de las ratios demuestran que, por fin, esta etapa ha entrado en la agenda política y social.

Que, por fin, el país hable del 0-3 es, sin duda, una buena noticia. Ahora bien, precisamente porque estamos hablando de una etapa fundamental, tenemos la obligación de hacer las cosas bien. La reducción de las ratios es una medida pedagógicamente positiva. Pero las buenas ideas necesitan recursos para convertirse en realidad.

Si esta reducción de las ratios se aprueba sin un incremento proporcional de la financiación pública, las consecuencias pueden ser muy graves. Y no solo para los centros, sino para el conjunto del sistema educativo catalán.

La primera sería la desaparición de una parte esencial de la red educativa. Las guarderías privadas y de iniciativa social representan hoy cerca del 40% del primer ciclo de Educación Infantil en Catalunya. Además, cerca del 30% de estos hogares acumulan más de medio siglo de historia. Son centros arraigados en el territorio, con proyectos educativos singulares, una relación muy estrecha con las familias y una gran capacidad de adaptación a las necesidades de cada niño. Esta diversidad es una riqueza que Catalunya no tendría que perder, porque forma parte de nuestro patrimonio educativo.

La segunda consecuencia sería dejar sin trabajo a miles de profesionales de un sector altamente feminizado. La tercera consecuencia y la más preocupante afectaría directamente los niños. Si desaparece una parte tan importante de la red educativa, la red pública no podrá absorber esta demanda. Ya hoy muchas familias se quedan sin plaza pública y tampoco pueden asumir el coste de una plaza privada. Sin esta red complementaria, esta situación todavía se agraviaría más y serían muchos más los niños que verían vulnerado su derecho en la educación en una etapa decisiva para su desarrollo. Y es aquí donde radica nuestra gran preocupación.

Esta preocupación se añade a una realidad que el sector hace años que denuncia. La red privada hace años que convive con una situación de infrafinanciación que compromete su viabilidad. La gratuidad del curso de I2 en la red pública ha sido una buena noticia para muchas familias y nadie discute los beneficios de facilitar el acceso en la educación infantil. El problema es que esta medida no ha ido acompañada de un trato equivalente para el resto de la red autorizada. Hoy las guarderías privadas reciben solo 72,72 euros mensuales por niño de I2, una aportación que se devuelve íntegramente a las familias, bien descontándola del recibo mensual, bien mediante su abono directo. Esta diferencia de trato respecto de la red pública ha provocado que muchas familias tengan que tomar una decisión condicionada por el factor económico. En muchos casos, querrían escoger un determinado proyecto educativo por su metodología, su proximidad, la relación con las educadoras o sus horarios, pero que no pueden asumir el coste. Y esto nos tendría que hacer reflexionar.

Precisamente ahora que Catalunya tiene la oportunidad de construir una futura ley del 0-3, es imprescindible que esta cuente con todos los actores que, desde hace décadas, han contribuido a hacer posible esta etapa educativa. Es una oportunidad para reconocer que todas las titularidades autorizadas forman parte del sistema educativo; para planificar conjuntamente la red pública y la red privada autorizada; para garantizar una financiación suficiente que asegure la sostenibilidad de los centros y, sobre todo, para poner a los niños en el centro de todas las decisiones.

Este no es un debate entre educación pública y educación privada. Es una cuestión de país. Es un debate sobre cómo garantizar el derecho a la educación de todos los niños desde los primeros años de vida con un modelo sostenible que preserve la pluralidad y la riqueza de nuestra red educativa. Los niños no entienden de titularidades. Entienden de afecto, de seguridad, de vínculos, de oportunidades y de una educación de calidad.