La regularización llega a su fin

Este martes termina el plazo para presentar las solicitudes de regularización de personas de otros países que ya están viviendo y en la mayoría de los casos trabajando en España. La demanda, a falta del cierre final, ha superado de largo la cifra estimativa que barajaba el Gobierno: 900.000 frente a 500.000, aunque cabe la posibilidad de que los que finalmente cumplan los requisitos exigidos por el reglamento sean menos, de manera que los que finalmente obtengan los permisos se acerquen más a lo estimado que a lo solicitado. Las entidades sociales han pedido alargar el plazo, pero esto reduciría la seriedad del proceso, que ya ha sido cuestionado por algunos socios de la UE. Ya se estableció, en su momento, un plazo supletorio para la entrega de los certificados de penales que dependen de la velocidad de respuesta de las autoridades de los países de origen de los afectados. Las administraciones han puesto medios extraordinarios en muchos casos, como en el ayuntamiento de Barcelona y la demanda no debe ser ilimitada.

Este proceso ha estado permanentemente empañado de mucha demagogia. Algunos partidos políticos se han rasgado las vestiduras por la utilización de este método que habían utilizado, incluso más profusamente, cuando habían estado al frente del Gobierno. Evidentemente, las regularizaciones masivas no son ideales porque implican un gran desorden en la llegada de personas a nuestro país y las condenan a situaciones de vulnerabilidad que no deberían producirse. Por otro lado, una parte de la actual coalición de gobierno lo ha presentado como un proceso única y exclusivamente humanitario, cuando la realidad es que responde, como han reconocido los propios empresarios, a una necesidad demográfica. Si no llegan inmigrantes, el crecimiento económico es simplemente inviable por la caída de la natalidad de los nacionales. Por lo tanto, no estamos ante un acto de acogida humanitaria sino de protección de los derechos y de los deberes de personas que necesitamos que vengan a trabajar, por mucho que nos generen desconfianzas en el ámbito cultural o de la convivencia.

En el último tramo de este proceso de regularización se ha querido también enmarañar la aplicación de la denominada “ley de nietos”. Una vez más, la polarización pone en un brete a los funcionarios del Estado a los que la oposición señala de manera poco documentada y el Gobierno no protege con la transparencia que sería exigible para preservar su honorabilidad. Esta dinámica es cada vez más asfixiante para los profesionales de las administraciones públicas y debería corregirse.

Bien está lo que bien acaba. La regularización da derechos a quienes ya están cumpliendo con sus obligaciones. Y debería servir para marcar un punto de inflexión y poner orden en el reto demográfico que tenemos. La inmigración que viene a trabajar tiene que encontrar los cauces para hacerlo sin pasar por las mafias de sus países de origen, ni por las que los explotan en el interregno entre que llegan aquí y consiguen el permiso para trabajar. Si se pone orden, la amalgama que algunos hacen entre trabajadores y delincuentes se deshace de inmediato. Y eso alivia las tensiones de convivencia que se producen cuando no se pueden planificar servicios públicos para ciudadanos que, administrativamente, no existen.