La IA y la razón de Estado

La administración Trump ha ordenado a Anthropic restringir el acceso a sus modelos de IA más avanzados, Fable 5 y Mythos 5, mediante una directiva de control de exportaciones que impide su utilización por ciudadanos extranjeros, incluidos quienes residen y trabajan en Estados Unidos. Ante la imposibilidad de aplicar la restricción de forma inmediata según la nacionalidad, la compañía optó por suspender temporalmente el servicio. Washington justifica la medida por las capacidades de estos sistemas en ciberseguridad y por sus posibles implicaciones para la seguridad nacional.

La reacción de Anthropic merece atención porque la empresa ha sido una de las principales defensoras de una mayor supervisión de la IA. Su fundador, Dario Amodei, ha advertido sobre los riesgos asociados a estas tecnologías y la compañía ha mantenido desacuerdos con la administración estadounidense por negarse a eliminar determinadas restricciones relacionadas con la vigilancia masiva o los sistemas de armas autónomas. Por ello, el conflicto actual no enfrenta a una empresa partidaria de la desregulación con un Gobierno que pretende imponer controles. Tanto Anthropic como la administración aceptan la necesidad de supervisar los modelos más avanzados. La discrepancia surge cuando el Gobierno considera que los riesgos detectados justifican restringir su acceso por motivos de seguridad nacional y la empresa cuestiona tanto la justificación técnica como la falta de transparencia del procedimiento. La discusión no gira tanto en torno a la existencia de límites como a quién corresponde evaluar los riesgos y decidir qué restricciones deben aplicarse.

Todo ello no puede entenderse al margen de un contexto internacional marcado por la rivalidad entre Estados Unidos y China y por la creciente importancia estratégica de tecnologías como los semiconductores o la inteligencia artificial. Frente a las expectativas que acompañaron a la globalización tras el final de la Guerra Fría, los gobiernos vuelven a considerar determinadas capacidades tecnológicas como activos vinculados a la seguridad nacional y a la posición internacional de los Estados. Es la transformación descrita en 'La república tecnológica', donde Alexander C. Karp y Nicholas W. Zamiska sostienen que la rivalidad entre grandes potencias está cuestionando la idea de que la innovación tecnológica, como sucedió durante décadas en Estados Unidos, pueda desarrollarse al margen de la geopolítica.

La intervención de la administración Trump sobre Anthropic refleja justamente ese cambio. La novedad no es que la IA tenga implicaciones estratégicas, algo que se viene señalando desde hace años, sino que los estados empiezan a actuar en consecuencia y a disputar a las empresas la capacidad de decidir sobre ella. Convertida en un activo estratégico, la cuestión ya no es únicamente cómo regularla, sino quién decide sobre su desarrollo, acceso y utilización, elementos cada vez más vinculados a consideraciones de seguridad e interés nacional, es decir, a una lógica próxima a la razón de Estado.

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