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Hechos (deleznables) probados
Antes de responder ante la justicia, que lo deberá hacer llegado el caso, Sánchez debe responder ante sus votantes y ante los militantes de su partido
El Supremo condena de forma unánime con 24 años de cárcel a Ábalos, con 19 a Koldo y libra a Aldama de entrar en prisión

El exministro José Luis Ábalos en el banquillo de los acusados durante el juicio por el caso mascarillas. / J.J. Guillén / EFE
El ruido no puede impedirnos ver la realidad. La sentencia del caso de las mascarillas es contundente, emitida por unanimidad y no se debe confundir ni con los informes policiales ni con los escritos de acusación, que son conjeturas. Estamos ante hechos probados que ni el sectarismo partidista más contumaz puede refutar sin considerarlos deleznables, por su propia naturaleza, pero aún más por el contexto en el que se produjeron. No solo hubo tráfico de influencias y cohecho, sino que se hizo en plena crisis de la pandemia, mientras miles de personas morían por falta de mascarillas y cientos de miles trataban de ayudar desinteresadamente. Tres individuos: un ministro, José Luis Ábalos, en compadreo con su asesor, Koldo García, y en cohabitación con un empresario, Víctor de Aldama, forzaron a diversas entidades públicas a comprar mascarillas a precios superiores al mercado y se embolsaron las correspondientes comisiones, tanto en efectivo como a través del disfrute de pisos o residencias que pagaban los beneficiarios de esos contratos fuera de los precios de mercado. Pocas prácticas políticas y empresariales pueden resultar más repulsivas. Y las penas impuestas, al menos en los casos de Ábalos (24 años) y Koldo (18 años), se corresponden al juicio que hacen la mayoría de los ciudadanos que lo consideran, voten lo que voten, una canallada. Que es lo que fue. Más discutible es la condena al empresario corruptor, Víctor de Aldama, al que se le han impuesto solo 4 años por la ayuda que ha prestado a la justicia. Una práctica que no es nueva y que se ha aplicado en otros casos y se aplicará en otros muchos.
Un punto al que se le ha prestado poca atención es que la sentencia considera que los condenados conformaban una “organización criminal”. Vistos algunos sumarios en marcha y las declaraciones de Víctor de Aldama no es descartable que en el futuro se plantee en sede judicial que en esa organización pudiera haber otros miembros con los que se cometieron otros delitos. El empresario corruptor ha apuntado directamente a José Luis Rodríguez Zapatero y a Pedro Sánchez. A pesar de las ganas que tienen algunos no es el momento de avanzar acontecimientos ni de tomar decisiones políticas como si esas insinuaciones ya estuvieran probadas, que no lo están. Pero esa precipitación de la oposición no exime al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a dar explicaciones de la confianza que depositó en Ábalos durante años, en el PSOE y en el Gobierno, y de las responsabilidades que tiene en el control de la actividad de la administración que dirige. Más cuando la impronta que le llevó a la Moncloa fue la lucha contra la corrupción. Antes de responder ante la justicia, que lo deberá hacer llegado el caso, Sánchez debe responder ante sus votantes y ante los militantes de su partido. El pleno de este miércoles no debería ser simplemente una competición de quién es más corrupto ni un debate sobre el fango de la política actual. Debería ser una explicación prolija del presidente del Gobierno de cuándo, cómo y por qué supo de las tropelías de Ábalos con Koldo y Aldama y también de la manera que le quebraron su confianza. Si se limita al ataque perderá la poca credibilidad que le pueda quedar.
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