Recordar lo obvio que ya no lo es

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitió este martes un comunicado recordando lo evidente: que las altas instituciones del Estado cuestionan “de una manera preocupante la independencia, la responsabilidad y el sometimiento a la ley de concretas actuaciones judiciales”. Diez días después del auto de investigación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y de la entrada y registro en la sede del PSOE a raíz de la investigación sobre las actividades de Santos Cerdán y de Leire Díez, los jueces han decidido hacer frente a las múltiples declaraciones de dirigentes del PSOE y del Gobierno poniendo en entredicho la labor de los tribunales. Algunas expresadas de manera abrupta y asumiendo la teoría del ‘lawfare’ del independentismo catalán y otras expresadas de manera más educada y conforme a derecho hablando de la “coincidencia” y el calendario de algunas actuaciones. Sea como fuere, desde hace más de una década, el respeto a los jueces ha dejado de ser reverencial. Eso quizás no es malo porque, como el resto de las instituciones del Estado, deben estar sometidos a escrutinio público. Lo que no parece de recibo es que toda actuación de los jueces se cuestione sistemáticamente cuando afecta a miembros de una determinada organización o familia política. Toda crítica genérica e indiscriminada pierde la razón de ser en un Estado de derecho. Entre otras cosas, porque las decisiones judiciales son siempre recurribles ante instancias superiores donde se pueden someter al principio de contradicción que sustenta la administración de justicia en un Estado de derecho. Que, en determinados asuntos, exista una anomalía al no haber instancia de recurso en un tribunal superior, no justifica una descalificación generalizada de la justicia española y menos desde un partido como el PSOE, que ha tenido la oportunidad de promover y apoyar las reformas que lo hubieran podido remediar. Pero, además, en los casos que ahora afectan tanto al PSOE como al entorno personal del presidente Sánchez no se produce ninguna de estas excepcionalidades.

El asunto es grave. Primero porque la mitad de la judicatura y de los fiscales salió inmediatamente a calificar de insuficiente el comunicado del CGPJ. Con lo que se demuestra una vez más que el gobierno de los jueces sigue instalado en una dinámica de polarización, no solo partidista, que no ayuda en nada a la confianza de los ciudadanos. Y que se suma a la irresponsabilidad de los partidos políticos, en este caso el PSOE, pero en otras ocasiones el PP, Junts o Esquerra, de desprecio por el mínimo respeto institucional exigible. Un ciudadano de a pie puede poner en entredicho la actuación de jueces y fiscales. Pero los políticos, cuando lo hacen genéricamente, lo que consiguen es poner en evidencia su propia negligencia al haber sido incapaces de hacer las leyes e implementar procedimientos de gobierno que impidan las presuntas arbitrariedades que denuncian. Si hacen esas críticas da la impresión de que es para esconder sus propios errores antes que en organizar la justicia con garantías para todos. Sería bueno que se pusiera fin a esa espiral porque, a los que ahora son oposición, se les volverá igualmente en contra cuando sean gobierno. Y al revés.