Expresidentes, tráfico de influencias y lobis

La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el denominado caso Plus Ultra sitúa en el centro del debate una cuestión que España lleva años obviando y que tiene que ver con la escasa regulación de la influencia política y económica. Según el auto de la Audiencia Nacional, Zapatero habría utilizado su capacidad de interlocución política e institucional para favorecer determinados intereses empresariales vinculados al rescate público de la aerolínea Plus Ultra y la investigación sostiene, provisionalmente, que esas actuaciones podrían haber estado orientadas a favorecer determinados intereses económicos mediante relaciones políticas privilegiadas, motivo por el cual el juez investiga posibles delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental.

El caso —más allá de su impacto político y de su desenlace judicial— resulta especialmente relevante porque obliga a delimitar una frontera que en España continúa siendo difusa tanto en términos jurídicos como políticos, la que separa la representación legítima de intereses del tráfico de influencias, dos conceptos que suelen confundirse en el debate público, especialmente cuando intervienen antiguos responsables públicos con capacidad de acceso privilegiado a las instituciones.

El tráfico de influencias consiste en utilizar relaciones personales o aprovecharse de posiciones de poder para influir indebidamente sobre decisiones públicas en beneficio propio o de terceros y la clave no es la existencia de contactos políticos, sino el uso privilegiado de esas relaciones para condicionar la imparcialidad de la decisión pública. El lobismo, en cambio, es el intento legítimo de empresas, sindicatos, asociaciones o consultoras de influir sobre gobiernos y parlamentos en la elaboración de normas y en el resultado de las políticas públicas mediante la defensa de intereses concretos y la aportación de información técnica. Se trata de una actividad propia de las democracias contemporáneas y, en muchos casos, está regulada con distintos niveles de intensidad, de modo que la cuestión no es la existencia de grupos de interés, sino la falta de transparencia sobre cómo actúan, a quién representan y qué relación mantienen con los responsables públicos.

Precisamente porque la legitimidad de la actividad de influencia depende de la existencia de reglas claras y mecanismos efectivos de transparencia, el caso Zapatero resulta especialmente significativo al poner de manifiesto dos déficits regulatorios que España arrastra desde hace años. El primero es la ausencia de un verdadero estatuto de los expresidentes del Gobierno, ya que existen normas dispersas sobre incompatibilidades o cuestiones protocolarias, pero no una regulación clara sobre sus actividades privadas ni sobre las obligaciones de transparencia vinculadas a tareas de asesoramiento o intermediación. El segundo es la falta de una regulación estatal completa sobre lobis y grupos de interés porque, aunque durante la última década se hayan registrado avances parciales en transparencia y algunas comunidades autónomas, como Catalunya, hayan desarrollado registros de grupos de interés y mecanismos de huella normativa para hacer públicas reuniones y aportaciones durante la elaboración de normas, el marco regulatorio sigue siendo fragmentario y poco exigente. El proyecto de ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, que prevé un registro obligatorio de lobis, obligaciones de transparencia, códigos de conducta y un régimen sancionador, lleva además años bloqueado por falta de consenso político.

El resultado es la persistencia de zonas grises donde cuesta distinguir entre representación legítima de intereses, asesoramiento estratégico e influencia indebida. Y esa es la verdadera cuestión de fondo del caso Zapatero porque pone de manifiesto las dificultades para regular con transparencia una actividad inherente a las democracias contemporáneas, especialmente cuando intervienen antiguos dirigentes políticos con acceso directo a los centros de decisión y donde, precisamente por ello, resultan imprescindibles reglas claras y mecanismos de control.