Unos presupuestos para la estabilidad

La aprobación de los presupuestos de la Generalitat para 2026 por parte del Govern y el inicio de su tramitación parlamentaria dejan al Govern en mejores condiciones para atender los retos que tiene Catalunya, y eso han entendido el PSC, ERC y los Comuns, las tres fuerzas políticas que con su voto permitirán su aprobación. El gasto previsto de 49.162 millones de euros supone un aumento del 22,8% respecto a las últimas cuentas aprobadas, en 2023, y de un 10% respecto a la prórroga más suplemento de crédito del anterior ejercicio. Con todo, el trecho que va de lo presupuestado a las inversiones y gastos ejecutados suele ser complejo. La implementación de estos presupuestos permitirá comprobar si el Govern de Salvador Illa empieza a poner en práctica la reforma y agilización de la Administración de las que hizo un puntal de su programa electoral.

Los casi 14.840 millones con los que contará el departamento de sanidad (más del 34% de los presupuestos) deben servir para reducir listas de espera en la sanidad pública y mejorar la atención en los centros de atención primaria. Los 8.356 millones destinados a educación y formación profesional deberían servir para mejorar la calidad de una enseñanza cuyas necesidades y disfunciones son de sobras conocidas. Aunque, si el Gobierno acuerda cualquier aumento de recursos con los sindicatos con los que aún no ha pactado, deberá buscar los recursos en otras partidas o ingresos extraordinarios o enmendar el proyecto en su tramitación parlamentaria, lo que limita el margen disponible para atender las exigencias que aún están sobre la mesa. También resulta interesante destacar el importante aumento del presupuesto en mejorar la seguridad, lo que constituye una preocupación creciente de los ciudadanos, como lo es el aumento de la dotación para construir vivienda pública.

El Govern, que tendrá sus primeras cuentas desde que Illa accedió a la presidencia de la Generalitat, dispone además de unos acuerdos que van más allá del actual ejercicio

Parece que todos los dirigentes políticos que los han pactado optan por la vía de la estabilidad en la gobernabilidad de Catalunya al margen de lo que suceda en la política nacional, pese a las dudas que se han planteado, en algunos casos, dentro de sus partidos. El calendario previsto de tramitación de los presupuestos permitirá que puedan ser aprobados sin esperar a que se consume una de las condiciones acordadas con ERC, que el nuevo sistema de financiación sea aprobado en el Congreso antes de final de año para que esté vigente en 2027, un proceso en el que se incorporará la delegación de las competencias para recaudar el IRPF. Pero aunque haya pasado la campaña electoral andaluza que sirvió como argumento al PSOE para evitar su compromiso con ambas iniciativas, las dificultades para asegurar que acabe haciendo realidad estas promesas no han desaparecido.

Después de meses de negociación, en los que no siempre fue fácil identificar lo que se pretendía, el Govern tendrá sus primeros presupuestos desde que Salvador Illa accedió a la presidencia de la Generalitat. Dispone, además, de unos acuerdos que van más allá del actual ejercicio. Algunos, como el Tren Orbital, el refuerzo de la Agencia Tributaria, la presencia catalana en la Zona Franca y la creación de una sociedad mercantil para monitorizar las inversiones del Estado, superan ampliamente el marco de esta legislatura. De confirmarse que esta voluntad de hacer posible que el autogobierno catalán pueda gestionarse eficazmente compartida por PSC, ERC y Comuns, superando los recelos sobre la capacidad o intención del Gobierno español de cumplir con su parte, estaríamos ante una apuesta por la estabilidad más allá de 2026 que daría aún más valor a la aprobación de los presupuestos.