El fantasma del 'lawfare' y los bulos

La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra ha reactivado una tendencia cada vez más habitual en parte de la izquierda española consistente en identificar cualquier investigación judicial que afecte a sus dirigentes con una operación de 'lawfare'.

Por ello resulta pertinente recordar, en primer lugar, el origen del caso. La causa no se originó en una denuncia de Manos Limpias, como afirmó la portavoz del Gobierno, Elma Saiz. La investigación partió de una comisión rogatoria internacional remitida desde Francia y Suiza, vinculada a movimientos de fondos presuntamente procedentes de Venezuela y a posibles operaciones de blanqueo relacionadas con el rescate de Plus Ultra. Y fue a partir de ahí cuando la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF incorporaron elementos societarios, financieros y patrimoniales que ampliaron las diligencias.

Ese es precisamente el contexto en el que debe entenderse la imputación. Según el auto del juez José Luis Calama, Zapatero está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, falsedad documental y pertenencia a organización criminal en el marco de una investigación sobre sociedades instrumentales utilizadas para canalizar pagos y ocultar fondos. Entre los elementos que sustentan las diligencias figura la relación económica entre Zapatero y el empresario Julio Martínez Martínez, vinculado a operaciones relacionadas con Plus Ultra y Venezuela, así como los pagos realizados a través de la sociedad Análisis Relevante SL, prácticamente sin estructura empresarial conocida, que abonó más de 600.000 euros a Zapatero y a sus hijas por trabajos de consultoría y maquetación de informes cuya legalidad el expresidente defendió en el Senado. Sin embargo, el volumen de las cantidades percibidas, la escasa actividad conocida de la mercantil y la coincidencia temporal con operaciones públicas de gran relevancia económica constituyen indicios suficientes para justificar una investigación judicial. Y aunque la imputación no equivale a culpabilidad y la presunción de inocencia debe preservarse estrictamente, tampoco parece razonable sostener que la investigación carezca de fundamento.

Pese a ello, la respuesta del PSOE ha consistido en presentar la investigación como una operación de 'lawfare', ilustrando así esa tendencia a identificar cualquier actuación judicial que afecte al Gobierno o a su entorno político con una persecución política. Más allá de la defensa legítima de la presunción de inocencia, dirigentes socialistas y socios parlamentarios han insinuado una ofensiva judicial contra el PSOE, desplazando el debate desde los indicios que sustentan la investigación hacia una supuesta operación contra el Gobierno.

Esta reacción, junto con la difusión desde la propia portavocía gubernamental de informaciones inexactas sobre el origen de la causa nunca corregidas, refleja hasta qué punto una parte de la izquierda ha asumido discursos basados en la desconfianza hacia jueces y fuerzas de seguridad, la denuncia constante de conspiraciones y la relativización de hechos incómodos, dinámicas que habitualmente atribuye a la derecha radical y a los entornos productores de bulos que dice combatir. De ahí que el problema no sea únicamente el intento de convertir cualquier investigación incómoda en una operación política, sino también el efecto que eso tiene sobre la confianza en las instituciones y en el funcionamiento de una democracia liberal.

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