
Directora de EL PERIÓDICO
Mecenazgo: por qué donar también puede ayudar a construir país

Maite Esteve de la Fundació Catalunya Cultura, en el Parlament. / EPC
La cultura suele vivir al borde de la insuficiencia. Depende a menudo de presupuestos inestables, de los cambios de ciclo o de la inercia administrativa. Esa fragilidad crónica -que también afecta a la investigación científica o la acción social- es impropia de una sociedad madura como la española, que no puede confiar exclusivamente en la administración pública para proteger aquello que considera valioso. También necesita mecanismos estables que permitan a ciudadanos, empresas y fundaciones implicarse en proyectos de interés colectivo.
Ahí entra el mecenazgo, un instrumento que conviene abordar sin prejuicios ideológicos y que permite que la iniciativa privada contribuya también, de forma ordenada y útil, al bien común. Si además el marco fiscal ayuda a incentivar ese esfuerzo, mejor todavía.
En este contexto, es una buena noticia que la ley catalana de mecenazgo haya llegado esta semana al Parlament de la mano del PSC, Junts y Esquerra. La propuesta busca establecer un cauce estable y previsible para las donaciones, con la introducción de incentivos fiscales que complementan los previstos en la legislación española. Que una reforma así, impulsada por la Fundación Catalunya Cultura, haya encontrado apoyos más allá de una sola sigla política dice bastante a su favor.
Con todo, el valor real de la norma dependerá del texto definitivo y, sobre todo, de cómo se aplique. Si favorece solo a unos pocos o se convierte en una fórmula opaca, habrá perdido su sentido. Pero si logra canalizar mejor los recursos privados hacia los fines colectivos, será una reforma útil de verdad. Que se vaya a evaluar su impacto cada tres años y que se cree un consejo de mecenazgo son medidas que apuntan en la buena dirección.
Conviene subrayarlo porque aún hay quien ve estas iniciativas con una mezcla de sospecha y prejuicio, como si el mecenazgo fuera una forma encubierta de privatización del interés general. Es más bien lo contrario: introduce una noción abierta y cívica de corresponsabilidad.
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