La burocracia amenaza la regularización

Un mes después de la entrada en vigor de la regularización extraordinaria de personas migrantes se calcula que ya ha habido en España cerca de 200.000 solicitudes de las 500.000 previstas en principio por el Gobierno. Recordemos que la medida persigue solucionar de manera firme la situación administrativa irregular de todos aquellos extranjeros con familiares a su cargo, con promesa de futuros contratos de trabajo o en situación de vulnerabilidad, una hipótesis que no deja de ser redundante, atendiendo al hecho que la vulnerabilidad está presente en la mayoría de los casos, aunque aquí se exige una documentación que no hace sino alargar el proceso y sobrecargar de trabajo a las oficinas municipales o las entidades sociales.

En cualquier caso, el recorrido de la regularización pasa por una solicitud que inicia el trámite administrativo con un número de expediente conforme se ha entrado en el sistema español de extranjería y que da derecho, una vez aceptada, a un permiso provisional de trabajo y residencia. Posteriormente (y, en principio, en un plazo de tres meses), deben corroborarse los datos aportados y, en especial, el de la ausencia de antecedentes penales para obtener la regularización de manera definitiva después de haber pasado por lo que se conoce como “cita de huellas” y de haber obtenido la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE), asimilada al DNI.

Es en este recorrido burocrático donde empieza a haber trabas importantes y donde se percibe la amenaza de un cuello de botella para acceder a la regularización consolidada. Por un lado, la aceptación de la solicitud no viene acompañada automáticamente de la asignación de un número de la Seguridad Social que el Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones asegura que se enviará al domicilio del solicitante sin tener que pedirlo expresamente. El número y la tarjeta no solo implican la formalización de la asistencia sanitaria sino que son un requisito imprescindible para la firma de un contrato formal de trabajo. La propia dinámica administrativa concede esta posibilidad pero la acaba negando “de facto”, puesto que se está retardando la llegada de la concesión, en una situación que podríamos calificar como kafkiana, ya que las personas solicitantes del permiso siguen viviendo en un limbo legal, que es justamente lo que la regularización extraordinaria intenta solucionar.

Por otro lado, una vez resuelto definitivamente el expediente, revisados los datos y los certificados de antecedentes penales, debe solicitarse una cita previa en las dependencias policiales, otro trámite que no es automático y que, percibida la dificultad de la petición “on line”, genera situaciones que están entre la picaresca y la estafa. Al mismo tiempo, la lluvia de peticiones, cuando se dé el caso, puede generar un colapso que solo se podrá evitar, como prevé el Gobierno, con un refuerzo extra de agentes en las comisarías.