El Parlament y la libertad de expresión

A todo el mundo, por poco liberal que sea, se le debería erizar el vello cuando se habla de regular, o regular más, la libertad de expresión. A mí se me erizan como a los gatos cuando se ven amenazados o intuyen que les quieren jugar una mala pasada. De un tiempo a esta parte esto me pasa bastante a menudo. Me ha sucedido ahora de nuevo al leer la información de EL PERIÓDICO sobre las intenciones de la mesa del Parlament de cambiar el reglamento e incorporar a él multas económicas a los diputados que cometan excesos verbales. Podemos suponer que estas sanciones, además, se endurecerán.

Que la mesa prepare este cambio es, huelga decirlo, una pésima noticia. Significa que PSC, Junts per Catalunya y ERC, que son los tres únicos partidos representados en la mesa, han llegado a la triste conclusión de que no hay otro camino que recurrir a la mano dura, al garrotazo, para preservar el debate en la cámara catalana. Es decir, consideran que hay que ir más allá e incluir las multas en la ley -el reglamento- para hacerlas más difíciles de cuestionar y eludir que hasta ahora. En paralelo, se pretende detallar concienzudamente las infracciones y las multas correspondientes para que todo resulte más automático.

Si al hecho de recurrir al garrote ante una situación que, a mi entender, está lejos de ser realmente alarmante, añadimos que, además, como los partidos de la mesa admiten, se trata de una reacción a las expresiones concretas de algunos diputados de Vox y Aliança Catalana, la cuestión se complica. Estos dos partidos pueden fácilmente denunciar que la reforma reglamentaria es una ofensiva partidista con intención de socavarlos. Pueden hacer lo que, en definitiva, se les da tan bien: aparecer como víctimas de una conjura y presentar el cambio como una jugada orquestada contra ellos. Debemos recordar que, si en cualquier ámbito es bueno que la libertad de expresión sea lo más generosa posible, aún más debe serlo en los parlamentos, principales foros del debate democrático.

PSC, Junts y ERC quieren llevar la reforma al pleno del Parlament, si es posible, antes del verano. Hará falta entonces votarla. Y la cosa aquí se complica un poco más. Será necesario que los Comuns y la CUP, que no están en la mesa, se pronuncien a favor. Quienes, por supuesto, no lo harán serán Vox y Aliança. Probablemente, tampoco el PP. Esto, aparte de subrayar la sospecha de que el reglamento es utilizado como arma arrojadiza, erosionará la legitimidad de la reforma, que quedará muy tocada, fragilizada. Lo ideal, cuando hablamos de las reglas del juego —eso es en esencia un reglamento—, pasa por la unanimidad, o por un consenso muy amplio. No va a ser el caso. A pesar de que el ambiente en el Parlament no es el mismo que en otras épocas, y a la vista de los casos que se han producido, no me parece, como decía más arriba, que la situación sea tan grave como aparentemente creen PSC, Junts y ERC. Además, y como hemos visto, recurrir al cambio del reglamento y a la mano dura presenta un puñado de inconvenientes.

Querría abrir un poco el foco de la cuestión. En realidad, el problema de fondo es que Vox y Aliança, con su particular estilo gritón, simplista y de apelación constante a las emociones, no paran de crecer y reforzarse. Sus formas populistas —y a veces ofensivas— encajan como un guante con las características de las redes sociales y también, aunque no tan vigorosamente, con el ecosistema mediático actual. Esta simbiosis ha hecho y hace que el mensaje de la extrema derecha circule caudalosamente y se extienda como una mancha de aceite, especialmente entre las franjas más jóvenes. Pensar que endurecer el reglamento conseguirá, en el grado que sea, frenar a Vox o a Aliança resulta ingenuo o, como mínimo, muy dudoso.

Querría poner sobre la mesa, finalmente, un par de viejas consideraciones a tener en cuenta cuando se trata de afrontar cuestiones relacionadas con la libertad de expresión. La primera es obvia: cada caso es diferente y, por lo tanto, hay que valorarlo individualmente. Los códigos, por específicos que sean, no lo resuelven todo. Tampoco lo hará el nuevo reglamento que se está cocinando. Siempre será necesaria la interpretación. La discrepancia y la polémica no se podrán, por consiguiente, evitar. En segundo lugar, pero más importante: hay que tener presente, como demuestra la historia de la lucha por la libertad de expresión, que solo se debe actuar para limitarla cuando la necesidad de hacerlo resulta incontrovertible, inequívoca. Si hay dudas, si la necesidad de reducir el perímetro de la libertad no es del todo clara, siempre hay que optar por no recortarla. Por preservarla.

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