Contra el despilfarro alimentario

Estos últimos años se ha repetido como un mantra que tiramos uno de cada tres alimentos que se producen en el mundo y que, aprovechando la mitad de lo que lanzamos, se acabaría con el hambre en el planeta. Son índices que van en la línea de la concienciación colectiva ante una situación crítica que se da especialmente en los países desarrollados y que implica la cuarta parte de las emisiones totales de gases de efecto invernadero del sistema agroalimentario.

El desperdicio tiene muchas variantes y casuísticas, tanto en función de quienes lo generan como en atención a las dificultades logísticas que se derivan de la reutilización racional de los excedentes. Vivimos en una sociedad que tiende al consumo masivo, más atenta a la producción desmesurada y con unos parámetros alimentarios más pendientes de la presentación del producto con estándares comerciales que de la bondad nutritiva del mismo, más allá de su aspecto. En este sentido, la responsabilidad del desperdicio responde a múltiples factores y, de alguna manera, nos interpela a todos, porque se extiende a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde el entorno agropecuario hasta el consumidor final, pasando, por supuesto, por las grandes superficies, los fabricantes y las empresas distribuidoras y el ramo de la hostelería. Es lógico tener el punto de mira en los agentes implicados directamente, pero conviene no olvidar que según la “Diagnosi del malbaratament alimentari a les llars de Catalunya”, en 2024 cada familia lanzó de media 64 kilos al año, un 58% del total, muy por encima de la restauración y el comercio.

En este sentido, hasta hoy, la mayor parte de las acciones llevadas a cabo se han centrado en la toma de conciencia del problema y en la necesidad de aplicar prácticas consecuentes en el día a día. Desde el programa Gastrorecup, impulsado por la Generalitat a partir de la experiencia de la chef Ada Parellada, hasta entidades como Espigoladors, que se hacen cargo de la recolección de excedentes en el campo, o de plataformas como 'Too Good to Go', que ponen en contacto negocios de alimentación y consumidores para no desaprovechar el producto perecedero.   

La entrada en vigor, este mes de abril, de la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, aprobada hace un año por el Congreso, representa un importante paso adelante por cuanto impone obligaciones estrictas a todos los agentes de la cadena. Prioriza la asunción de planes de prevención para disminuir pérdidas y reducir mermas, la gestión eficiente, la compra sostenible y la redistribución de alimentos, con especial énfasis en el consumo humano, es decir en la donación a entidades sin ánimo de lucro o en la transformación de la materia prima.

La ley incorpora, más allá del régimen sancionador y de las ventajas fiscales propuestas, un mensaje que tiene que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para reducir a la mitad el desperdicio en la perspectiva del 2030. Es un instrumento no solo de orden ético o ambiental, sino también un activo económico de imagen para las empresas de la cadena alimentaria y un acicate para nuevas empresas relacionadas con la gestión de excedentes, la optimización de compras, la consultoría sobre el despilfarro o la educación y prevención en aprovechamiento.