Colaboración público-privada

La llamada a la colaboración público-privada se ha convertido en el recurso casi universal, una especie de comodín al que se acogen las partes cuando no consiguen la forma de gestión deseada. El concepto es equívoco ya que acoge a supuestos y realidades diferentes, tanto en su aplicación como en su alcance. Lo hemos visto en equipamientos e infraestructuras viarias de pago por uso. Y en el mundo sanitario en particular, que aún hoy hace rechinar dientes con el modelo hospitalario madrileño. Incluso algunos lo refieren a la concertación catalana. Para unos casos, se está hablando de colaboración únicamente en la construcción de equipamientos (que en sanidad van desde instalaciones, párkings y hoteles de día hasta quirófanos en sala), mientras que para otros alcanza a la administración completa de un área de salud, con gestión de recursos humanos inclusive. También, para algunos, la colaboración público-privada contemplaría las prestaciones complementarias de la asistencia privada en el sistema sanitario público o el aseguramiento sustitutivo, tipo Muface. En infraestructuras de ámbito territorial, el alcance es incluso mayor: concesiones a muchos años, con cánones fijos y variables, cláusulas de reversión, reconocimiento de contratos incompletos, actualizaciones por condiciones sobrevenidas o fijación de beneficios privados ‘aceptables’.

Reconoce con todo ello el sector público los límites de su capacidad de gestión y la imposibilidad de ser mínimamente eficiente en determinadas tareas, debido a las cortapisas que su propia regulación impone. En financiación, sin posibilidad de endeudamiento, acepta con la colaboración privada que el coste del capital correspondiente se convierta en un pago ordinario de alquiler, por su utilización. Para la construcción eficiente de los equipamientos, el sector público reconoce que es un mal capataz de obra, que no disciplina suficientemente a sus proveedores, que no cuentan con el ‘pronto pago’ para aprovechar circunstancias favorables. Prefiere trasladar el riesgo de la gestión a terceros. Políticamente, se cubre en parte ante desviaciones en el coste de obras o ante retrasos de entregas. Mantiene regulaciones supuestamente fiduciarias de las que se quiere luego escapar con subterfugios de contratación externa. Reconoce que todo ello le puede salir mejor de precio que endeudarse, si puede, y acometer su ejecución, pese a sus mejores ratios de acceso a fondos sin la prima de riesgo financiero que soporta un privado. Que ni las economías de aglomeración como monopsonista o comprador único que es le resarce de los mayores costes de contratación. Con tanto reconocimiento, el sector privado, heterogéneo por naturaleza -hay de todo en la viña del señor- se come parte del pastel, espera que la parte más nutriente. Conoce modos de llevarse el gato al agua en determinadas licitaciones, y sabe que aún en su propia concertación a terceros la administración mantiene algunas responsabilidades en caso último de fiasco.

Es un signo de los nuevos tiempos: incapacidad autoimpuesta del sector público para una buena gestión y un sector privado que saca pecho al rescate del interés público. Todo ello sería cuestionable si no fuera por la expectativa de que su alternativa es peor.

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