Caso mascarillas: la hora de la verdad

Lo escuchado estas últimas semanas en el Tribunal Supremo durante el juicio del caso de las mascarillas, que quedó visto para sentencia este miércoles, ha sido el relato de un compendio de actuaciones políticas y personales que han demostrado un nivel de impudicia tan elevado que harían caer la cara de vergüenza a cualquier ciudadano. Aún más siendo sus protagonistas un poderoso exministro y brazo derecho del secretario general del partido en el Gobierno, José Luis Ábalos, su exasesor para todo, Koldo García, y un empresario que ya se ha autoincriminado como corruptor, Víctor de Aldama. Algunas de esas actividades están pendientes de ser confirmadas por la justicia, las relativas a la corrupción política y económica, mientras que otras, aquellas referentes a la vida privada de Ábalos, parecen tan evidentes que se ratifican por sí solas. Unas y otras, relatadas con detalle ante el tribunal, conforman un conjunto de nada edificantes comportamientos, coherente, inseparable unos de otros y que demuestran una forma de abordar tanto la gestión política sin el menor ápice de dignidad ética, personal o política. Lo que se sometía a juicio en este caso era el supuesto cobro de comisiones por la compra de mascarillas durante la pandemia de la covid. El resto de acusaciones, como las realizadas por Aldama sobre la presunta financiación ilegal del PSOE, y los relatos sobre la vida privada de Ábalos y el enchufe de sus ‘amigas’ en empresas públicas, por más que sean objeto de otros procesos, conforman una forma de actuar que conduce a juzgar severamente los hechos que ya parecen demostrados, y obliga a indagar sin restricciones los que aún no lo sean.

Por el caso de la presunta corrupción en la compraventa de accesorios sanitarios, el fiscal pide 24 años de cárcel para el exministro y 19 para su exasesor, mientras que ha rebajado a 7 los que pide para el empresario que se ha autoinculpado, al cual premia por su colaboración con la justicia. En las declaraciones realizadas en la sala del juicio —y en numerosos platós de televisión— Aldama no ha aportado más pruebas de los delitos que implican orgánicamente al PSOE que su propia palabra. El propio fiscal Alejandro Luzón aseguró en sus conclusiones finales que la atribución hecha por el empresario a Pedro Sánchez de ser el número uno de la trama es falsa. Y no ha aparecido ninguna evidencia de que favoreciese, se beneficiase (personal u orgánicamente) o conociese los sucios manejos desvelados. Pero resulta imposible encapsular la conducta de Ábalos y su entorno como un caso aislado de cualquier responsabilidad política por parte del presidente del Gobierno del que formaba parte y secretario general del partido del que era jefe de máquinas. Sin el apoyo de Pedro Sánchez ni Ábalos hubiese accedido a los resortes que le permitían interferir en la adjudicación de contratos de un ministerio con un presupuesto especialmente nutrido, ni dispondría de la autoridad delegada que hacía que se doblegasen voluntades a su dictado.

Ha llegado el momento de dictar sentencia y al tribunal le corresponderá fallar sobre lo juzgado: una supuesta trama de corrupción política, tráfico de influencias y sobornos. Hasta allí llegará la justicia, y allí empezarán las consecuencias políticas que se deban derivar.