La Ley General de Sanidad: ¿un modelo superado?

Estamos celebrando estos días la publicación de la ley 14/1986 de 25 de abril, más conocida como la Ley General de Sanidad (LGS).

La Constitución, proclamada 8 años antes, establecía el reconocimiento del derecho a la protección de la salud, la responsabilidad de los poderes públicos al respecto y la organización del Estado en Comunidades Autónomas (CCAA) con capacidad de asumir competencias en sanidad e higiene. Ernest Lluch, entonces ministro de sanidad del primer Gobierno de Felipe González, con mayoría absoluta, fue el encargado de desarrollar este mandato constitucional redactando una ley que fue, y todavía es, una de las leyes más progresistas respecto de este tema.

La LGS fue totalmente rupturista hacia lo que habíamos tenido hasta aquel momento. Salíamos de un modelo sanitario de seguridad social, con financiación mediante cotizaciones hechas por las empresas y los trabajadores, y la cobertura tan solo llegaba a los cotizantes y a sus beneficiarios. Era un sistema no integrado y basado en la asistencia. La LGS se inspira en un modelo de los llamados Servicios Nacionales de Salud, de Beveridge. Este modelo plantea la cobertura universal y solidaria financiada a partir de impuestos, y con prestación pública. Además, la LGS integra y da un papel predominante a la prevención y no tan solo a la asistencia. Como característica clave se establece la descentralización, basada en las CCAA y no en una organización centralizada, como la existente anteriormente. Es por eso que se habla de Sistema Nacional de Salud, y no de Servicio Nacional de Salud, logrando una estructura casi federal: las CCAA son titulares competentes de la organización y prestación de servicios sanitarios y el Estado se reserva las competencias de sanidad exterior, de representación internacional y de coordinación y alta inspección.

Han pasado 40 años y han cambiado muchas cosas. La cuestión clave es: este modelo de provisión pública, cobertura universal, equitativo y desconcentrado, ¿es todavía válido?

España, en estos 40 años, ha crecido en un 28%, especialmente por la inmigración. La esperanza de vida al nacer es de las más altas del mundo, 84,5 años, con una natalidad muy baja: tenemos una población envejecida, con necesidades diferentes, con un claro predominio de las enfermedades crónicas y degenerativas.

Financieramente, el sistema presenta un déficit estructural de unos 20.000 - 30.000 millones de euros anuales, a pesar de que las cifras son muy variables y discutibles, como consecuencia de los aumentos de costes tecnológicos y farmacéuticos, además de los cambios demográficos mencionados. Consecuencia: altas listas de espera, saturación de los servicios de urgencias y de la atención primaria, y condiciones laborales poco competitivas, con grandes dificultades para la conciliación, por lo cual el déficit de profesionales sanitarios aumenta constantemente. Por último, la coordinación entre los diversos servicios sanitarios autonómicos por parte de la comisión interterritorial del Sistema Nacional de Salud, especialmente ante situaciones de crisis, es claramente inefectiva y se ve agravada por las diferencias ideológicas entre los diversos gobiernos de las CCAA.

La LGS ha envejecido, y no del todo bien.

El replanteamiento del “cómo” financiamos el sistema abre un melón en el cual la privatización es un riesgo, y los ejemplos de la Comunidad de Madrid o la Comunidad Valenciana están muy presentes. Hay que explorar nuevas formas de colaboración público-privada que no impliquen el peligro de perder universalidad, accesibilidades ni calidad. Hay que abordar un modelo de atención primaria que integre prevención, asistencia y espaldarazo social. Hay que introducir la inteligencia artificial sin perder el contacto personal entre el sanitario y la población. Hay que reformular vías de gobernanza con mayor participación comunitaria real. Y hay que repensar un sistema en el cual el sujeto sea la ciudadanía y no tan solo los pacientes, y el objeto sea la salud de la población y no tan solo la enfermedad.

La situación exigiría una nueva Ley General de Sanidad basada en el consenso y un gran pacto estatal. Pero el entorno político no acompaña. Dada la actual correlación de fuerzas políticas y las perspectivas electorales, correríamos un gran riesgo de involución. ¿Nos la podemos jugar, abriendo este melón?

Posiblemente, la posición más pragmática nos aconseja, en este momento, actuar con una visión incrementalista y abordar algunos temas concretos de forma puntual, en los cuales no corremos el peligro de perder posiciones.

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