La educación no se salva con policías

El fuego se apaga con agua, no con gasolina. La estrafalaria idea de enviar mossos, aunque sean de paisano, aunque vayan desarmados, aunque todos los aunques, es una barbaridad que solo sirve para atizar el gran conflicto de la enseñanza pública en Catalunya. Los maestros no reclaman policías, ni los reclaman los padres, ni mucho menos los alumnos. Nadie pide mossos: piden más recursos, piden psicólogos, acompañantes en las colonias, técnicos de educación infantil, y piden algo tan obvio como reducir la burocracia y mejorar la ratio de las clases.

En el trasfondo de esta crisis está la situación bochornosa de la educación catalana que, según el último informe PISA, es la comunidad que más ha retrocedido en matemáticas y en comprensión lectora, con índices muy por debajo de la media española y europea. La debacle educativa es un cráter profundo que dura ya más de una década, y de la que los primeros responsables son los partidos patrióticos que, mientras emprendían viajes imposibles hacia Ítaca, dejaban morir la lengua y la educación entre sus manos. El Gobierno actual, que prometía pragmatismo y gestión, ha empeorado todavía más la situación de unos maestros cada día más desesperados, y solo ha logrado cerrar un acuerdo insuficiente con UGT y CCOO —sindicatos con poca fuerza en el ámbito educativo—, con el objetivo no de resolver el problema de fondo, sino únicamente de desactivar las protestas.

La última ocurrencia —que entren policías en las escuelas— es el combustible ideal para exacerbar innecesariamente el conflicto. Enviar mossos de paisano a pasearse por centros educativos es lanzar un mensaje contraproducente y peligroso, que quizás solo consigue promover aquello que pretende evitar. A veces la policía no previene la violencia, sino que la prefigura, especialmente donde ya existe inseguridad. Una escuela es, entre otras muchas cosas, el lugar donde los conflictos se abordan desde la educación y la cultura. La presencia permanente de un mosso no es sino aceptar, de facto, el fracaso de todo un sistema de valores —algo que, por cierto, ya han expresado los centros, que han rechazado de plano la presencia de las fuerzas de seguridad.

Que una medida tan poco edificante la haya promovido un gobierno que se proclama de izquierdas nos invita, disculpen, a ser malpensados. ¿Acaso el PSC también se está dejando seducir por los cantos de sirena de la ultraderecha? ¿O son simplemente miedos electorales? Resulta sospechoso el entusiasmo con que han acogido la medida los sectores conservadores y los habituales opinadores autoproclamados anti-'woke'.

Si esto es realmente lo que parece —un experimento político para tantear aventuras ideológicas hacia caladeros ultras—, haría bien la conselleria en recular lo más elegantemente posible y volver a la casilla de salida, que no es otra que la negociación honesta y valiente para salvar un sistema educativo que agoniza en nuestra UCI. Abandonen los experimentos y vuelvan a la política, antes de que sea demasiado tarde.

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