Ante las acusaciones, transparencia

El comisionista Víctor de Aldama desgranó ayer ante la sala del Tribunal Supremo que juzga el caso mascarillas una retahíla de graves acusaciones contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien atribuyó conocimiento de las presuntas actuaciones delictivas de su antiguo hombre de confianza, José Luis Ábalos, que incluirían la supuesta financiación ilegal del PSOE, que el empresario dice conocer, aunque no ha aportado más prueba que su propia palabra. Tendrán que ser los tribunales los que resuelvan finalmente si esas imputaciones forman parte de una realidad, que Sánchez y su partido niegan, o si son solo una estrategia de defensa del empresario, que ya consiguió con revelaciones similares acortar su prisión preventiva. No obstante la ausencia hasta el momento de evidencias que determinen la veracidad de las atribuciones de Aldama, que han sido negadas por el PSOE y, ante el mismo tribunal, por su extesorero, lo que sí parece cierto es que Aldama entregó grandes cantidades de dinero en efectivo, entre tres y cuatro millones en total según dice él mismo, a Ábalos, entonces ministro de Transportes, y a su mano derecha, Koldo García, y que lo hizo en la sede ministerial o en la vivienda del exministro. Serían, siempre según la declaración del empresario, el pago de comisiones que hacían empresas constructoras por la adjudicación de obras licitadas por Transportes.

El intento de Aldama de implicar al presidente del Gobierno, que le llevó a señalarlo como el número uno de la supuesta trama, caen lamentablemente en un terreno abonado para que al menos parte de la sociedad española les dé crédito. Especialmente porque Ábalos, el principal encausado en el caso mascarillas, fue una de las personas más próximas a Sánchez en el PSOE desde que, a finales de 2016, decidió reconquistar la secretaría general del partido de la que había sido defenestrado meses antes. Un apoyo que le fue recompensado por Sánchez, tras ganar las primarias de mayo de 2017, con la secretaría de Organización y, una vez en el Gobierno, con el ministerio de Transportes, el que tiene mayor dotación presupuestaria tras los de Seguridad Social y Defensa. El presidente del Gobierno asegura que no sabía nada de las supuestas actuaciones de Ábalos, ni siquiera de esos comportamientos personales impropios de alguien que se declaraba feminista. Pero ante acusaciones de la gravedad de las relatadas por Aldama, aunque su credibilidad sea limitada, es preciso que el PSOE, el Gobierno y el propio Sánchez hagan un ejercicio de transparencia extraordinario para eliminar cualquier sombra de duda. Es difícil responder a acusaciones falsas, y los socialistas califican de falacias las del comisionista, pero no valdrá contra ellas la simple petición de amparo al Tribunal Supremo por “injurias”, que va a solicitar el PSOE, o la palabra de unos contra la del otro, porque las calumnias también pueden minar la credibilidad del presidente y de su entorno en un clima tan enrarecido como el que se vive hoy en España. La coincidencia en el tiempo del juicio por el caso Kitchen contra un exministro del Interior del PP y ex altos cargos policiales de la época no contribuye, sino al contrario, a mejorar la opinión que la ciudadanía tiene de la política.